Un escándalo por la compra de respiradores provoca la destitución del ministro de Salud [Bolivia]

Las denuncias de irregularidades en la compra de 170 respiradores artificiales a la compañía española GPA Innova a través de intermediarios financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para pacientes con coronavirus provocaron este miércoles que el ministro de Salud, Marcelo Navajas, fuera apresado, destituido y se nombrara a un ministro interino.

Los aparatos fueron adquiridos en España. El precio acordado por cada equipo de asistencia, según el gobierno, fue de US$27.683 y el país se comprometió a desembolsar alrededor de US$4,7 millones en total. Días después se conoció que los ventiladores no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino que estaban diseñados para ambulancias y para terapia intermedia. Una vez comenzaron las denuncias, la empresa de España confirmó que los equipos que Bolivia compró solo cuestan alrededor de US$10.000, según reportó el diario boliviano El Deber.

El gobierno boliviano anunció que suspenderá el proceso de pago por los respiradores y hará todo lo posible por recuperar todo el dinero que pudiera haber sido desviado.

El Ministerio de Salud se encuentra detenido por la policía y que deberá prestar declaraciones para que se defina en instancias judiciales si queda detenido o recupera su libertad. Al menos dos funcionarios del ministerio de Salud fueron privadas de libertad el martes.

Medios bolivianos señalaron que al menos cuatro personas fueron llevadas a dependencias policiales y otros llegaron de forma voluntaria para declarar sobre el caso de manera voluntaria.

En la mañana de este miércoles se realizaron operativos en oficinas gubernamentales y fue incautada documentación referida al caso.

“No puedo decir qué cantidad de personas serán citadas e investigadas en este caso. El proceso investigativo se llevará adelante y no vamos a tener ningún tipo de temor en citar a quien se tenga que citar”, indicó el director policial Iván Rojas.

Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció la conformación de una comisión especial para investigar el caso.