En su informe electoral final, Participación Ciudadana presento el resumen de su informe final sobre el proceso electoral que abarca las elecciones primarias, así como las presidenciales y congresuales, en la que destacan la “clara violación” a las Ley Electoral y de Partidos, la falta de recursos y la impunidad y falta de recursos con que operó la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales.
Según el organismo, desde el 2019 hasta el 2020, el proceso electoral dominicano estuvo caracterizado por varios factores de trascendental importancia, algunos inéditos, que lo convierten en un referente de obligada atención para el país, así como para los organismos especializados, la sociedad civil y los estudiosos del tema electoral.
Las conclusiones y enseñanzas del proceso electoral 2019-2020 son resumidas en las siguientes:
1 – Las nuevas leyes de régimen electoral y de partidos políticos fueron cumplidas en una parte de los aspectos organizativos, pero fueron violadas y claramente no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político-electoral que se quisieron modificar con dichas normativas.
2 – Una vez más, tal como se ha producido en toda la historia del país, los afanes continuistas del partido y el Presidente en el poder incidieron de manera negativa en la práctica política, primero creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza y, segundo, violando todos los controles al abuso del poder del Estado que se quisieron establecer en las nuevas leyes. República Dominicana tuvo que afrontar los intentos por modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del Presidente Danilo Medina y luego del fracaso de estos, la imposición de un candidato favorable y la puesta de todo el Gobierno y los recursos públicos a favor de ese candidato. La división del Partido de la Liberación Dominicana como resultado de acusaciones de abuso del poder presidencial en favor de un candidato y fraude en las primarias, fue un factor de importancia en el proceso.
3 – La Junta Central Electoral, organismo responsable de las elecciones, no ejerció el poder que le otorgan la Constitución y las leyes para cambiar los aspectos sustantivos que han afectado a las elecciones en el país. Es cierto que afrontó circunstancias especiales y difíciles, pero en muchos casos sus decisiones fueron cuestionadas por la opinión pública y por la oposición política. Varias de sus disposiciones fueron rechazadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Participación Ciudadana entiende que sus mayores falencias fueron en las funciones de control y supervisión de los actores políticos, sobre todo, perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder, función que le otorgan la Constitución y las leyes.
4 – Los delitos electorales siguen cubiertos por el manto de la impunidad. No se actuó a tiempo para poner en funcionamiento la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, creada por la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Más bien, hubo claras actuaciones del Procurador General de la República para boicotearla y, cuando al final se designó a la Magistrada Gisela Cueto, luego de una gran presión de la sociedad civil, no se asignaron los recursos ni los medios para que cumpliera con su función. Participación Ciudadana lamenta que, una vez más, se produjeran algunos actos de violencia y espera que la muerte del activista del PRM, Julio César Pérez, reciba una condena ejemplar.
5 – El dinero sigue ocupando un rol avasallante en las campañas electorales y en la actividad política. El gasto de los partidos y los candidatos sigue siendo una zona oscura, sin control y susceptible de ser penetrada por recursos provenientes de la corrupción, del narcotráfico o de otros negocios ilícitos. La JCE no hizo lo necesario para avanzar en este aspecto y poner en ejecución los mecanismos de control que establecen la Constitución y las leyes. La Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, creada por la Ley de Partidos No. 33-18, no cumplió con las obligaciones que la propia ley establece.
6 – La compra de conciencia sigue siendo una mancha en la democracia dominicana. A todos los niveles de elección se pudo constatar que el dinero, la repartición de alimentos y objetos, siguen siendo un recurso que se aprovecha de la miseria para ganar posiciones políticas. En esta ocasión, la pandemia contribuyó a que esta práctica creciera y se justificara como ayuda humanitaria o solidaria cuando era claramente clientelismo, ejercido sobre todo por el partido y candidato oficial y el Gobierno, pero también por diferentes partidos y candidatos de oposición.
7 – La compra de votos fue observada en un 17% de los locales, practicada por diferentes partidos políticos, según reportaron nuestros observadores, pero existen indicadores de que esa práctica se produjo en muchos casos de manera oculta, en locales alquilados para tales operaciones ilegales y sigue teniendo una influencia importante, sobre todo en candidaturas locales.
8 – Otra práctica ilegal reiteradamente observada es la campaña política el día de las elecciones, prohibida por la Ley 15-19 de Régimen Electoral, que se hacía por los principales partidos de cara a las autoridades sin que se produjera ninguna consecuencia.
9 – Es importante señalar que la Policía Militar Electoral no hizo ningún esfuerzo por detener, tanto la compra de votos como la campaña electoral, prohibida el día de las elecciones, obedeciendo instrucciones de su órgano superior, que en este caso es la Junta Central Electoral, quien trataba de evitar conflictos con los partidos, pero a expensas de permitir la violación a la ley.
10 – Un aspecto positivo a destacar es el triunfo en esta ocasión de opciones de mayor calidad, tanto a nivel local como nacional. Decenas de candidatos y candidatas fueron apoyados por coaliciones políticas y por la sociedad civil. La mayoría de ellos, aunque dispusieron de pocos recursos, recurrieron a campañas innovadoras y propositivas, alejadas del tradicional clientelismo. Vale destacar la recolección de fondos mediante mecanismos de pequeñas contribuciones, con rendición de cuentas, estrenados por algunos candidatos. El Congreso Nacional y los municipios se renovaron, se rejuvenecieron y dejaron atrás a personas que por décadas se habían impuesto a base de grandes recursos no legítimos y que pretendieron hacerlo nuevamente sin éxito, gracias al despertar de la conciencia ciudadana.
11 – Estas elecciones presidenciales y congresuales constituyeron una clara derrota del clientelismo como forma de ganar elecciones y una señal a los partidos de que el dinero no lo compra todo y de que deben abandonar estas prácticas. También envían un mensaje de rechazo a grupos que bajo el manto de la religión desarrollaron aviesas campañas para descalificar y bloquear candidatos y candidatas, en clara violación al principio de la democracia de que la libertad de cultos y de pensamiento prevale sobre las agendas religiosas.
12 – La eliminación del arrastre de votos a favor de los candidatos a senadores por fin fue eliminada, aunque hubo intentos de mantenerla. Este avance democrático definitivamente contribuyó a la renovación del Senado y a superar a figuras que por décadas se aprovecharon de ese mecanismo antidemocrático que traspasaba a unos los votos obtenidos por otros.
13 – Otro aspecto positivo fue la gran cantidad de debates que se produjeron en los niveles municipales, de diputados y senadores, los cuales permitieron conocer sus propuestas, a pesar de las restricciones que impuso la pandemia. Participación Ciudadana lamenta que la negativa del candidato oficial frustrara el importante y esperado debate a nivel presidencial.
14 – La equidad de género en las propuestas de candidaturas se cumplió, pero las mujeres siguen en absoluta desventaja para alcanzar posiciones electivas, así como en la dirección de los partidos y del gobierno, en clara violación al artículo 39.5 de la Constitución de la República que obliga al Estado a garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las funciones públicas. Diversos factores de la cultura política son responsables de esta situación, que es un punto oscuro en la democracia dominicana. Un paso positivo en las aspiraciones de equidad del sector femenino fue la elección de Carolina Mejía como primera alcaldesa del Distrito Nacional.
15 – En este proceso electoral se destaca de manera muy especial el trabajo realizado por el Tribunal Superior Electoral, organismo que se constituyó en un ejemplo de que en este país se puede actuar apegado a las leyes, con eficiencia y diligencia. Merece una felicitación especial el arduo trabajo realizado por este organismo, que en varias ocasiones fue sometido a fuertes y poderosas presiones del poder gubernamental, pero se mantuvo firme.
16 – El voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior sigue quedando en la cola del interés de las autoridades electorales, más allá de las particularidades que presentó la pandemia. Este derecho adquirido por un segmento poblacional que mantiene un altísimo interés en todo lo que pasa en nuestro país, incluyendo su extraordinario aporte económico, no ha recibido la atención que se merece, tanto en las facilidades de empadronamiento como de participación en las elecciones. La Junta Central Electoral deberá enmendar el error cometido al no informar a los ciudadanos de ultramar que renovaban sus cédulas en territorio nacional, que esa gestión podía dejarlos exclusivamente en el padrón nacional, excluyéndolos del padrón de ultramar e impidiéndoles votar en el país de su residencia.
17 – Tal como ha ocurrido en casi todos los países que lo han intentado, el voto automático – o electrónico- no pasó la prueba y, tal como había advertido nuestra organización en febrero de 2019, se convirtió en un elemento de conflicto, desconfianza y fracaso, a lo que se agregó una pérdida económica estimada en más de mil quinientos millones de pesos. La pérdida de confianza en sistemas automatizados tardará mucho tiempo en ser recuperada.
18 – Las circunstancias tan adversas en que fueron realizadas las elecciones de 2020, en pleno auge de una pandemia mundial, propiciaron un nivel de abstención por encima del comportamiento histórico, sobre todo en las presidenciales y congresuales. Sin embargo, contra todos los pronósticos pesimistas que auguraron una nueva posposición o un fracaso total, el 5 de julio, la población dominicana dio un ejemplo de civismo, entusiasmo y decisión de preservar y fortalecer su democracia. El país exhibe hoy una renovación de sus autoridades en todos los niveles electivos, lo cual aspiramos a que se traduzca en fortalecimiento institucional y en mayor bienestar y equidad social.
19 – Participación Ciudadana realizó nuevamente un conteo alterno a nivel presidencial. El primer corte, con apenas el 6.4% de la muestra recuperada a las 7:47 PM del día de las elecciones, señalaba ganador al candidato del PRM con el 54.50% mientras el del PLD tenía 35.93% y el de la Fuerza del Pueblo con un 8.53%. En el corte que entregamos a la JCE y a los testigos de la sociedad civil, con el 75.1% de la muestra recuperada, el PRM tenía un 51.65% versus 52.52% en los resultados oficiales, para una diferencia de 0.87%; el PLD un 38.37% versus un 37.46% de los oficiales, para una diferencia de 91% y la Fuerza del Pueblo un 8.82% versus un 8.90% de los oficiales, para una diferencia de 0.08%. La finalidad del conteo alterno es disuadir a aquellos que desean hacer trampas en el conteo de los votos.
20 – Los resultados electorales demostraron nueva vez la necesidad de revisar el sistema de partidos en lo concerniente a la vigencia de los mismos. De los 27 partidos que participaron en las elecciones de julio, a nivel presidencial, sólo 5 obtuvieron por encima del 1%, mientras que a nivel senatorial y de diputados, sólo 9 superaron el mínimo. Estos resultados, así como la historia de las últimas décadas, confirman que muchos de esos partidos no cuentan con la aceptación, ni la vocación de representación de la población. Es bien conocido que la mayoría de ellos, en cada proceso electoral, negocian las alianzas que les reportan los mayores beneficios, recibiendo a cambio instituciones completas para su libre disfrute, hipertrofiado la nómina pública, sin prestar ningún servicio al país, ni siquiera en las luchas democráticas.
Constituye un reto para la Junta Central Electoral la aplicación de la Ley de Partidos, cuyo artículo 75.1 la obliga a dictar resolución declarando disuelta la personería jurídica del partido, agrupación o movimiento político por no haber alcanzado “por lo menos un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones”. Antes que interpretar esto como un golpe a las minorías, es una oportunidad para que éstas se planteen nuevas estrategias de unidad, revisen sus propuestas y pongan en práctica métodos innovadores para captar el apoyo de la población.
21 – Participación Ciudadana agradece profundamente y extiende su reconocimiento, a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que con entusiasmo y compromiso respondieron a nuestro llamado y se unieron a nuestra red de observadores, así como a todo el equipo directivo y técnico que condujo este difícil proceso. Celebramos que no hemos tenido noticias de que alguno de nuestros observadores o colaboradores se haya contagiado, gracias al protocolo aplicado y a pesar de que muchos de nuestros observadores y técnicos se mantuvieron en sus puestos por más de 17 horas sin interrupción.
También damos las gracias a las agencias internacionales y a los empresarios locales sin cuya ayuda y confianza no hubiéramos podido financiar los gastos de la observación electoral.
Este pueblo tiene grandes reservas que solo necesitan de liderazgo y buenos ejemplos. Es nuestra esperanza y decisión que los aprendizajes de este proceso sean aprovechados para avanzar en una sociedad más democrática, justa, equitativa y libre de corrupción e impunidad.
RECOMENDACIONES:
A la luz de las experiencias del proceso electoral 2019-2020, Participación Ciudadana presenta las siguientes recomendaciones:
1 – El país tiene que abocarse a una reforma profunda de la cultura política y electoral que debe iniciar con la designación de una Junta Central Electoral que además de no tener representaciones partidarias, esté integrada por profesionales multidisciplinarios que incluyan las áreas de administración y gerencia de procesos, informática, finanzas, derecho, ciencias políticas, entre otras. Ciudadanos y ciudadanas con una reputación de independencia, eficiencia, integridad, laboriosidad y carácter, ganada en el sector público o privado, que les permita liderar y arbitrar los cambios que encaminen al país a la celebración de comicios más democráticos, transparentes y apegados a las leyes.
2 – Las leyes de partidos y de régimen electoral deben ser reformadas para adecuarlas a la Constitución y hacerlas más efectivas en el ideal nacional de una nueva cultura político-electoral. Especial atención en esa reforma deben concitar los temas de la participación del gobierno en campaña, el financiamiento estatal y privado, el control de la publicidad y las campañas, la rendición de cuentas y los mecanismos de participación democrática.
3 – Otro aspecto a revisar es el método de selección de los escaños para diputados. Además de la enorme cantidad de errores que presentaron las actas de este nivel, la mayoría producto de una escasa capacitación de los integrantes de los colegios electorales, el método D’Hondt amerita una evaluación y discusión en la búsqueda de mayor equidad democrática.
4 – Los partidos políticos y las autoridades nacionales deben implementar estrategias efectivas para hacer realidad la equidad de género. El absoluto predominio masculino en los puestos de dirección es una realidad que el país debe superar. Los resultados electorales muestran un retroceso para las mujeres, signo de que los partidos políticos no han implementado las normativas a favor de la equidad y tampoco han puesto en marcha estrategias y mecanismos efectivos de participación que favorezcan a esa mitad de la población.
5 – Participación Ciudadana exhorta al sector femenino a activarse en la defensa de sus derechos y encaminar propuestas e iniciativas de lucha para lograr la equidad en los próximos comicios. Nuestra organización ha acompañado a las mujeres en muchas oportunidades y desde ahora les ofrece su apoyo para lograr esta ansiada meta. La lucha por la igualdad debe seguir presente en las designaciones que hace el presidente electo, y el siguiente paso debe ser equilibrio de género en las dirigencias de los partidos, como lo obliga la Ley de Partidos.
6 – Las autoridades electorales deben iniciar en el corto plazo iniciativas para darle al voto en el exterior la importancia que merece esa comunidad. Desde ya se deben aumentar las facilidades para el registro, la información y educación, así como diseñar con tiempo estrategias eficaces tendentes a lograr una mayor participación en las próximas elecciones. La revisión del padrón electoral es el primer paso en esta dirección para colocar a cada persona en el lugar en que le corresponda votar, situación que actualmente afecta a más de veinte mil dominicanos y dominicanas de ultramar.
7 – Para superar la cultura de impunidad en los delitos electorales, la JCE debe tomar la iniciativa de recopilar todos aquellos casos en los que existan pruebas y tramitar una solicitud a la procuraduría especializada en estos delitos para que proceda a su investigación y procesamiento judicial. La JCE también tiene la autoridad para aplicar sanciones administrativas a los actores que hayan incurrido en violaciones a la normativa, lo cual sería una gran contribución a la mejoría de los próximos procesos. Puede iniciar con el no cumplimiento de los controles financieros establecidos en la Ley y vulnerados sin consecuencias por partidos y candidatos. La impunidad en materia electoral es tal que una persona confiesa haber alterado las actas en favor de su madre candidata, existen videos al respecto, y la persona luego de ser detenida, fue despachada sin consecuencias.
8 – Participación Ciudadana solicita a la Junta Central Electoral la colocación en su página web de toda la información que permita hacer un análisis detallado del cumplimiento por parte de los partidos y candidatos de las normativas sobre financiamiento, identificación de fuentes de recursos, gastos y organización contable. Este proceso no debe cerrarse hasta que se completen todas las informaciones que establecen las leyes, se verifique su cumplimiento y se impongan las sanciones en caso de violaciones.