El Gobierno está convencido de que de “manera olímpica” se violaron todos los procedimientos en la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte de la pasada administración del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), por lo que entregó ayer a la Procuraduría General de la República el expediente sobre la investigación que hizo al respecto.
“Este caso tiene indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público… estamos convencidos de que se violaron todos los procedimientos y todos los principios de la Ley de Compras Contrataciones”, indicó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien junto a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, entregó el documento para que sea investigado a profundidad por las autoridades competentes.
Entre las irregularidades que encontraron los funcionarios en la investigación, está la presunta vinculación de algunas de las compañías beneficiadas en el proceso con el pasado ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien después fue candidato presidencial.
A salir del encuentro con la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y el titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, Pimentel explicó que otras de las anomalías son la aprobación previa de las contrataciones y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia.
“Ahora queda que Ministerio Público pueda profundizar las investigaciones para saber por qué se hizo, quién tenía la intención de acumular, de enriquecerse ilícitamente y quién quería acumular recursos del pueblo dominicano de manera ilícita”, dijo Pimentel.
Deploraron que Cadet recomendara archivar caso
“Queremos que se cumpla con el debido proceso, queremos que vean las consecuencias. Lo que hemos hecho hoy es un ejercicio de ética”, manifestó Ortiz Bosch.
Tanto Pimentel como Ortiz Bosch coincidieron en que el informe sobre el caso que emitió el exdirector general de Ética, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación de Gonzalo Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en la Dirección de Ética.
En ese sentido, ambos funcionarios deploraron que Cadet recomendara archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.
Los funcionarios afirmaron que ya que Castillo no forma parte de la Administración Pública, la investigación no busca establecer una sanción administrativa sino actuar según lo establecido en la Constitución que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
Pepca dijo investigará a fondo el expediente
Sobre el asunto, el titular interino de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que el caso será investigado a fondo para determinar si existen responsables. Indicó que tiene el compromiso de luchar contra la corrupción y agradeció a Ortiz Bosch y a Pimentel el esfuerzo que han hecho para indagar y presentar documentos sobre un hecho. La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, junto a Camacho y la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, recibió en su despacho a Ortiz Bosch y a Pimentel, quienes depositaron ante la Secretaría General de la PGR, el legajo de documentos.