La pasada gestión de la Procuraduría General de la República suscribió el 17 de marzo de 2020 cuatro convenios de trabajo con igual número de abogados para una asesoría legal «gratuita» que concluirá el 31 de diciembre de 2023, pero si las actuales autoridades deciden ponerles fin tendrían que pagar RD$20 millones, RD$5 millones para cada abogado.
Los documentos de estos cuatro contratos fueron entregados a periodistas de Acento por fuentes del ámbito jurídico.
Los contratos fueron suscritos con los abogados José Leonardo Martínez Hoepelman, Julio Miguel Cury David (Julio Cury), Eduardo Jorge Prats y Valentín Medrano Peña. Fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y concluyen el 31 de diciembre del año 2023.
Estos cuatro contratos generan interrogantes para las actuales autoridades de la Procuraduría General de la República, debido a que los cuatro juristas contratados tomaron posición a favor del anterior procurador, Jean Alaín Rodríguez, cuando éste, en reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, lanzó acusaciones contra la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, hoy Procuradora General de la República.
Los contratos, que fueron suscritos por separado por los cuatro juristas tienen las mismas bases y, en nombre de la Procuraduría General de la República, firmó el abogado notario público Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en fecha 17 de marzo del año 2020.
El entonces Procurador General de la República, Jean Alain García, le otorgó un «poder especial» al notario Rodríguez Imbert para contratar a los cuatro notables abogados, con la finalidad de poder enfrentar la objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al «Concurso Interno para la Selección de Titularidades» convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.
Los fiscales demandantes fueron Marlene Rodríguez, Alba Esther Corona Valerio, Yeni Berenice Reynoso Gómez, Wilson Manuel Camacho Peralta, Julio Cesar Gómez Quintana, Yoneivy Alfredo González Mueses, Luisa Fridania Liranzo Sánchez, Gladisleny Núñez Gómez, Johann Newton López, Johanna Isabel Reyes Hernández, Wendy María Estrella Monsanto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Fernán Josué Ramos Ramos, Sourelly Naihary Jaquez Vialet, Juan Medina De Los Santos, Marinel Guillermina Brea Tejeda, Pedro José Frías Morillo, Ernesto Guzmán Alberto, Melbin Romero Suazo.
Los fiscales interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo, el 9 de marzo, y contaron con la representación de los abogados Laura Acosta Lora, Nassef Perdomo Cordero y Cristóbal Rodríguez.
Cada contrato indica que el contratista (abogado) recibió poder representación ad-litem, «tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a fin de que de manera gratuita, en nombre de la entidad contratante (Procuraduría) y del Consejo Superior del Ministerio Público, ejerza todas las gestiones, diligencias y actuaciones legales necesarias…».
Asimismo, aunque el Artículo 2, referido a la «Representación gratuita», reza que las partes convienen que la representación legal que harán los abogados será «totalmente gratuita», y resalta que la parte contratante no hará ningún pago por los citados servicios, el Artículo 4, relativo a la «Cláusula penal», deja claro que si la parte contratante decidiese poner fin al contrato de manera unilateral, estará obligada a pagarle al contratista (abogado) la suma de 5 millones de pesos, a título de «indemnización moral».
Ese mismo artículo explica que sin ese pago efectivo y carta de descargo, la Procuraduría General y Consejo Superior del Ministerio Público no podrán apoderar a otros abogados para la prestación de los mismos servicios. Esta cláusula estaría amparada en la Ley sobre Honorarios de Abogados, número 302.
Asimismo, cualquier modificación del contrato deberá de hacerse «por mutuo acuerdo entre las partes»