Los imputados Julio Cesar Correa, Maxi Montilla Sierra, Alejandro, Benjamin Marte, Edwin Kenichi Mukai Diaz, Luis Mieses, Joel Molina Reyes, Ranery Collado y otros que pudieran ver comprometida su responsabilidad penal en los hechos que se presentan en la presente denuncia penal por haber violado el Art. 146 de la Constitución de la República que proscribe la corrupción en los organismos del estado y sus dependencias autónomas o descentralizadas, la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Los Artículos 166, 167, 174, 175, 176 y 361 [(Modificado por la Orden Ejecutiva 202 del 28 de agosto de 1918, G. O. 2939-A) en sus artículos 1 y 4 letra d] del Código Penal que contemplan y sancionan la prevaricación, la concusión, el delito de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el Perjurio.
La ley 107-13 que regula la relación con las personas y los procedimientos administrativos en la administración pública, los artículos 3, letras a y b, 4, 5, 8 letra B, 18, 26 y 27 de la Ley 72-02 y el artículo 2 letra A) del Reglamento de Aplicación de dicha Ley, contenido en el Decreto No. 20-03, de fecha 14 de enero de 2003,todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial Derivado de Actividades ilícitas.
La Organización Sed de Justicia, Inc., entidad cívica apartidista sin fines de lucro de la Republica Dominicana, esta sujeta a derechos y deberes, con su domicilio en la Av. Bolívar Núm. 1152, sector La Julia, Distrito Nacional, debidamente representada por su presidente, Franc Rosario, empresario financista, dominicano, tiene a bien solicitar al despacho poner en movimiento la acción pública para aplicar las sanciones penales que corresponda por la conducta de Cesar Correa, Maxi Montilla Sierra, Alejandro Toribio, Benjamin Marte, Edwin Kenichi Mukai Diaz, Luis Mieses, y Joel Molina Reyes, Ranery Collado y otros que pudieran ver comprometida su responsabilidad penal en los hechos que se presentan en la presente denuncia penal, arriba citados, ejercidas en sus funciones de funcionarios de la Empresa estatal Edenorte, S.A.
Ante los hechos probados de que cometieron actos de corrupción administrativa, malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias y asociación de malhechores para ser favorecidos con contratos de suministro y obras de grado agrado, infracciones de tipo penal en el ejercicio de su funciones, específicamente al asociarse con terceros para obtener ventajas económicas para sí, y sus relacionados, mediante el uso de testaferros, , compañías de carpeta, manipulación de licitaciones para dar ventajas a sus relacionados, con adjudicación de contratos fraudulentos, por un monto de RD$6,052,497,943.30 (seis mil cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil cuarenta y tres con 30 centavos) al 14 de agosto de 2020 solo en Edenorte, en especial en favor del señor Montilla Sierra, quien se valió de su condición de cuñado del entonces presidente Danilo Medina Sánchez y hermano de la Primer dama Cándida Montilla de Medina para hacerse de 48 contratos de suministro de materiales eléctricos y proyectos de rehabilitación de redes, usando como pantalla varia empresas inexistentes al 16 de agosto de 2012, fecha en que según testimonios de empleados de alto nivel de Edenorte el señor Montilla proclamó que se haría rico en el gobierno de su cuñado, convirtiendo esto en realidad por la cantidad de patrimonio acumulado, como edificios comerciales, yates de lujo, villas en diferentes polos turísticos, una red de naves industriales, varios apartamentos residenciales de lujo, helicóptero, automóviles de lujo y otros bienes adquiridos fruto de sus actividades ilegales en varias entidades del gobierno, convirtiéndose en los años 2012 a 2020 en uno de los principales proveedores de todo tipo de bienes y servicios, en franca violación a la ley 340-06 que prohíbe en su Art. 14 que los familiares de primer grado de consanguinidad de los funcionarios públicos funjan como proveedores del Estado, actividades que eran de pleno conocimiento del ex presidente Medina y de la Primera dama de entonces, su hermana, Cándida Montilla.
Las empresas utilizadas por los citados funcionarios y sus testaferros fueron Transformadores Solomon, Electrocable Aluconsa, Neology y Telecsa, en un contubernio mafioso orquestado por los señores Correa y Montilla Sierra, con la participación de los señores Alejandro Toribio, gerente de Compras, Ranery Collado, encargada de Control de Calidad, Luis Mieses, Pte del Comité de Compras, Edwin Kenichi Mukai, director de Distribucion, Joel Molina Reyes, director de Perdidas y el técnico de compras Benjamin Marte, entre otros funcionarios y testaferros que pudieran resultar implicados en la presente DENUNCIA PENAL .
En el caso de Telecsa, la citada mafia estructuró supuestos consorcios con las sociedades Solomon y Aluconsa para proyectos de construcción y rehabilitación de redes, obteniendo de esta manera contratos por la suma de RD$ 109,865,556.30 (ciento nueve millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis con 30) de forma ilegal.
Otra empresa usada por la mafia fue Neology de la que se valieron para desmantelar la estructura de soporte técnico de Edenorte y pasarle todo el personal y sus equipos a esta empresa, otorgándole entonces contratos millonarios por concepto de mantenimiento de redes, usando para esas labores equipos, personal, combustible, vehículos y demás recursos técnicos y logísticos de Edenorte, resultado para el señor Correa y su compadre JULIO CESAR MARTINEZ un negocio redondo, con la participación y complicidad de los funcionarios citados arriba, en especial el señor EDWIN KENICHE MUKAI, con quien mantiene una relación de familiaridad, prohibida por la ley.
Otro hecho grave que puede ser comprobado con personal de Edenorte es que la el señor Correa en su condición de administrador gerente de Edenorte entregaba los contratos grado a grado y órdenes de compra de materiales a las empresas involucradas en su esquema mafioso, pero los materiales comprados nunca llegaban a los almacenes de Edenorte, o se entregaban materiales distintos o de menor calidad a los comprados, haciendo para ello simulaciones de entrega que posteriormente eran tapadas mediante un engranaje típico del bajo mundo de la corrupción administrativa.
Una vez los ojo de diversos sectores se pusieron sobre Edenorte por las reiteradas denuncias de favoritismos y sus procesos de compra amañados, para hacerse con las ordenes de compra cubiertas bajo el manto de supuestas licitaciones competitivas, el señor Correa convino con el señor Montilla incluir en cada pliego de condiciones una cláusula de entrega inmediata de los materiales requeridos, basándose en una supuesta urgencia de las áreas de la empresa, que les duró 8 años, logrando con eso que solo las empresas usadas como fachada del entramado mafioso supuestamente eran las que calificaban por “tener” en stock los insumos requeridos. Es así como se alzaron con órdenes por millones de metros de diferentes tipos de cables, cuyo almacenamiento hubiera requerido el uso de cientos de naves.
Para “certificar” esta supuesta existencia que daba ventaja a las empresas del señor Montilla Sierra, los integrantes del entramado mafioso utilizaban al empleado Benjamin Marte y un notario, quienes visitaban los almacenes de los oferentes para rendir un informe de cuales empresas tenían existencia, resultando las empresas de Montilla y Correa gananciosas, siempre por obra y gracia de la cláusula de entrega inmediata.
Una vez adjudicada la compra, el señor Correa ordenaba pagar el dinero correspondiente a un jugoso avance a las citadas empresas fachada y los materiales eran entregados a Edenorte en ocasiones hasta seis meses después, datos que pudimos comprobar revisando los conduces de entrega de almacén de varias licitaciones en que fue usado este mecanismo fraudulento para descalificar a otras empresas con mejores precios y mejor calidad.
De la casi totalidad de las compras importantes de las empresas distribuidoras Edenorte, Edeeste , Edesur y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas estatales, para compra de materiales eléctricos y proyectos de rehabilitación de sistemas electricidad en diferentes comunidades de la región Norte del país, zona de concesión de Edenorte, apropiándose de los citados fondos públicos para beneficiarse directa o indirectamente en estas operaciones ilegales, constituyendo esto una falta grave por las implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado Dominicano.
Honorable Magistrada:
Como se puede apreciar, estamos frente a funcionarios, empleados y sus testaferros que aprovechando sus vínculos de relación familiar con el entonces presidente Medina y el señor Correa como administrador de una empresa pública constituyeron una estructura mafiosa para obtener beneficios económicos para si y para terceros relacionados, contraviniendo la ley cuando expresa que:
Es reo de Peculado… “El funcionario o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, sustraiga, distraiga o se sirva, para su provecho personal o para provecho de un tercero, de fondos públicos o de cualquier objeto que le haya sido entregado para su administración o preservación en razón de sus funciones”.
Fundamento legal y solicitud de diligencias
Cuando se pone a las autoridades en conocimiento de la comisión de una infracción grave, el Ministerio Público es el órgano con la obligación legal de “practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible”( El artículo 88 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “Funciones. El ministerio público dirige la investigación y practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.”
ELEMENTOS PROBATORIOS.
Resulta que desde el 21 de agosto de 2012 al tomar posesión como administrador-. Gerente general el señor Correa, 5 días después de la toma de posesión del presidente Medina Sanchez, los señores Correa y Montilla Sierra montaron una estructura mafiosa tendente a hacerse con todos los contratos de compra de materiales y proyectos de construcción y rehabilitación de redes, usando para ello a las compañías Electrocable Aluconsa y Transformadores Solomon, de las que el señor Montilla Sierra es propietario, así como Neology y Telecsa, en un esquema de testaferrato y complicidad que defraudó al Estado Dominicano con cientos de millones de pesos en contratos grado agrado y materiales y obras sobrevaluados, disfrazados de licitaciones de emergencia, apadrinamiento y requerimientos de entrega inmediata, con pliegos de condiciones y otros requisitos previamente organizados para que las referidas empresas fueran siempre las “ganadoras”..
Resulta que desde esa fecha hasta agosto de 2020, los referidos señores recurrieron a todo tipo de artimañas para simular procesos de compra en los que en complicidad con los funcionarios del Comité de compras, Normativas ,generaban reportes de supuesta existencia de materiales en los “almacenes “ de las citadas empresas para justificar a sus favorecidos y compartes cualquier precio, descalificando previamente a las demás empresas licitantes bajo el argumento de que no tenían los materiales de entrega inmediata.
Es así como en cada caso, usando al empleado Benjamin Marte como instrumento de sus fechorías, los señores Montilla, Correa, Toribio y Kenichi, hacían reportes de falsa existencia de materiales para hacerse con las órdenes y contratos.,
Tal era el nivel de estructuración de la mafia, que de manera reiterada consignaban que las empresas del señor Montilla disponían , por ejemplo, de millones de metros de cables concéntricos de aluminio calibres 2×6 y 3×6, consignando cantidades en stock que de ser ciertos hubieran necesitado miles de metros cuadrados de naves para almacenamiento, lo que alertó a la mayoría de las empresa proveedoras de materiales eléctricos con tradición en el mercado sobre el esquema fraudulento que se estaba usando desde la administración de Edenorte.
Las indagatorias de Sed de Justicia nos permitieron determinar mediante testimonios de empleados de Edenorte, que en el esquema de corrupción implicaba también simular entregas de mercancías que luego eran asentadas y pagadas a los suplidores, estafando al estado Dominicano con cientos de millones de pesos.
En adjunto, le estamos suministrando las ,pruebas de los referidos delitos, recogidas en copias de ordenes de compras contratos, ademdum, contratos de apadrinamiento de obras, videos de las denuncias de corrupción que involucran al señor Correa y demás funcionarios de Edenorte, sustentadas por la periodista Nuria Piera, además de las pruebas que el Ministerio Publico tendría a bien recabar en su debida diligencia.
Es Sed de Justicia lo que tiene la sociedad dominicana y espera del Ministerio Público merecer.