Más de dos mil millones de pesos en propiedades han sido ocupados durante la Operación Coral que desarticuló el entramado societario de corrupción liderado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, según informó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El director de la Pepca, Wilson Camacho, explicó que a la red le han ocupado más de 100 propiedades y que el caso todavía sigue en curso.
“Más de 100 propiedades, más de dos mil millones de pesos y el proceso aún no termina”, precisó Camacho, que aunque no detalló los tipos de bienes incautados, la PGR ha establecido que entre ellos figuran suntuosas viviendas, fincas, villas, plazas y lujosos vehículos de última generación.
Allanamientos
El 24 de abril se realizaron 27 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís y otras provincias.
Los fiscales de la Pepca incautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata; una finca de auyama y chinola de 249 tareas, un terreno a nombre de uno de los imputados, así como una finca de piña de 754 tareas en Chirino, Monte Plata.
Mientras que en la carretera de las Palmas, Santo Cerro, La Vega, fue incautada una finca de ajíes, cebolla, berenjena, así como una granja de cerdos de 400 tareas, y un terreno con una casa en Jarabacoa, propiedad de Núñez de Aza.
También fue incautada la Plaza Randa II (fábrica de blocks, un “drink” de dos niveles llamado Eyron Stop y una banca de lotería llamada AB, en la carretera San Francisco de Macorís, en Nagua, en El Bombillo, y en Las Taranas de Villa Rivas, respectivamente.
Asimismo, terrenos sembrados de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Guama de Monte Plata. Los propietarios presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Entramado
Entre los acusados están además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Contra los cinco primeros la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, mientras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario.
El 20 de mayo un equipo de fiscales realizó 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, los que incluyen varias fincas, villas, apartamentos, locales comerciales, entre otros.
Modus operandi
Una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado constaba de dos pasos, primero el nombramiento irregular de cientos de policías y militares en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), cobrando entre 20,000 y 70,000 pesos mensuales.
La segunda fase consistía en entregar a la red un porcentaje de esos montos a cambio de bajas dádivas, afirman las autoridades del Ministerio Público.
Un apunte
Apelación
Los imputados del caso Coral han recurrido ante la Corte de Apelación la prisión preventiva impuesta por la jueza Kenya Romero, del tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. El último en recurrir fue el mayor general Adán Cáceres.