El jurista Cristóbal Rodríguez planteó que las exoneraciones de vehículos a los legisladores son una estructura de negocio que “quebranta principios y disposiciones fundamentales del ordenamiento constitucional”.
Su planteamiento lo hizo a través de su cuenta de Twitter: @cristobalrodg en la que cita, entre varias disposiciones, el artículo 30 de la Constitución que “condena todo privilegio”, en lo referente a legislar en beneficio propio. Diario Libre publicó la semana pasada un reportaje en que calculó que, por el privilegio que les otorga la Ley 57-96 a los legisladores, el Estado dominicano dejó de percibir RD$ 2,649.8 millones entre 2010 y septiembre pasado.
“En la medida en que los beneficios del negocio de las exoneraciones forman parte de las contribuciones para solventar la actividad política de los legisladores beneficiarios, con ello se vulnera el principio de equidad electoral consagrado en el artículo 211 constitucional”, señala el jurista.
Eso así, explica, porque las exoneraciones forman parte del sistema de privilegios en que se sustenta la deslealtad en la competencia electoral generada por el acceso de algunos a recursos a los que no tiene derecho, en detrimento de sus competidores. Indica además que con la venta de las exoneraciones se opera un fraude al artículo 244 de la Constitución, porque permite que particulares obtengan, mediante una mera transacción comercial, un beneficio que solo pueden obtener por ley o contrato aprobado por el Congreso. La semana pasada varios diputados atribuyeron a “una componenda del sector empresarial” los señalamientos sobre las exoneraciones, asegurando que recurren a ese tipo de acciones cuando se acerca alguna reforma fiscal.
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