Vinculados a Operación Larva compraron inmuebles por más de 500 millones de pesos
El Ministerio Público dio a conocer este sábado las imputaciones que pesan en contra de los 14 implicados en la Operación Larva, el caso más reciente de persecución del narcotráfico y lavado de activos bajo de la gestión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
En el expediente acusatorio, los fiscales señalan que el grupo formaba parte de una organización criminal dedicada a operaciones “a gran escala” para el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Con el fin de “mantener el control” de esas operaciones y garantizar su éxito, los encartados incurrieron en hechos de sangre, aseguran los fiscales.
Según el documento, una de sus principales tácticas consistía en invertir las grandes sumas de dinero obtenidas de las actividades del narcotráfico en el sector inmobiliario, adquiriendo “inmuebles suntuosos” en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Las riquezas del grupo no sólo fueron invertidas en edificaciones, sino que también adquirieron vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
No obstante, los fiscales mencionan que ni los inmuebles ni los vehículos se corresponden con el perfil económico reportado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), razón por la que levantaron sospechas.
“Administraron y utilizaron sumas millonarias de dinero, a través de múltiples operaciones que no resistieron el escrutinio de la investigación y de manera fácil pusieron en evidencia que provenían del narcotráfico”, señala el expediente.
La táctica
Para lograr su cometido, se auxiliaban de familiares de los principales miembros de la red, así como de compañías fantasmas.
“Crearon empresas de carpetas, establecidas con el propósito de adquirir inmuebles suntuosos, sin que estas cuenten con una operatividad real”, se lee en el documento.
Asimismo, instauraron un gran número de compañías bajo la misma razón social y domicilio para “aparentar ante la sociedad, que se trata de personas cuyos recursos son lícitos”.
En el expediente, el Ministerio Público precisa que estas empresas no cuentan con ningún historial crediticio o movimientos en el sector financiero, lo que indica que los inmuebles adquiridos a través de ellas fueron comprados “con la utilización de dinero en efectivo provenientes del lavado de activos”.
Los fiscales también señalan que el grupo utilizó bienes de narcotraficantes que forman parte de la red, y que actualmente se encuentran en prisión preventiva por decomiso de kilos de cocaína.
El presunto entramado criminal también realizó actividades de intermediación financiera sin estar autorizados por la Superintendencia de Bancos para estos fines, logrando esquivar la realización de reportes ante las autoridades.
Otra de las estrategias era el envío de remesas entre los mismos miembros de la organización, “como una forma de circular dinero a través de operaciones pitufeadas”.
Jorge Luis Herasme Estrella
El expediente señala a Jorge Luis Herasme Estrella como principal encartado en el caso, imputándole compañías que presuntamente sirvieron para “colocar y diversificar en el sistema financiero y comercial de RepúblicaDominicana las ganancias del narcotráfico”.
Según los fiscales, a través de sus empresas se obtuvieron inmuebles cuyo valor superan los RD$500,000,000.
Arrestados
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Ramona Estrella, Luis Ney Herasme Peña, Ángelo Spartaro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guarda), Luis Jiménez (Bonsai y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann, James Alexander Gonzáles Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).
Será el próximo 5 de noviembre cuando se conozca la medida de coerción a los imputados.
Este sábado el juez suplente del Tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal, Domenico Eduardo Núñez Pimentel, dispuso el aplazamiento del conocimiento de la medida para dar oportunidad a los abogados de los acusados de que preparen su defensa.