Con cada caso de corrupción judicializado por el Ministerio Público se continúa cerrando el círculo familiar, íntimo y de seguridad del expresidente de la República, Danilo Medina, quien recientemente salió de la sombra y retomó sus actividades púbicas y políticas al frente del Partido de la Liberación Dominicana.
Están privados de libertad dos hermanos del expresidente Medina y otra Sub judice; dos jefes de escoltas y otro miembro de su seguridad en prisión, cuatro compadres investigados y con medidas de coerción a cuesta, y cuatro cuñados perseguidos por el Ministerio Público.
SEGURIDAD CUESTIONADA. Recientemente fue apresado y pendiente de conocimiento de medida de coerción, su actual jefe de escoltas, el general Julio Camilo de los Santos Viola, quien también se desempeñó como subdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial.
Está acusado de estafa al Estado y asociación de malhechores en la denominada Operación Coral 5G, que incluye el también miembro de la seguridad, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.
El general de los Santos Viola es el segundo jefe de seguridad del otrora mandatario enfrentar la Justicia, pues su antecesor, el general Adán Cáceres Silvestre purga una coerción de 18 meses de prisión preventiva por la Operación Coral, societario militar-religioso al que se atribuye estafar al Estado con miles de millones de pesos.
HERMANOS PRESOS Y PENDIENTE. La Operación Anti Pulpo fue el primer caso de corrupción investigado por la Pepca. Los involucrados están acusados por el Ministerio Público de un entramado que se benefició de recursos del Estado por alrededor de RD$4,800 millones.
Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario, es señalado como cabecilla de la red y cumple coerción de año y medio en Najayo-Hombre.
Su hermana, la exsubdirectora del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Magalys Medina Sánchez también está involucrada en el expediente y sobre ella pesa prisión domiciliaria, como coerción.
Para el mes de octubre del 2020, la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina Sánchez, otra hermana del expresidente de la RD es interrogada por segunda ocasión por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, relacionado a su declaración de patrimonio.
LOS CUÑADOS BAJO LA LUPA JUDICIAL. Varios cuñados del expresidente Medina fueron acusados por ante la Pepca de asociarse para perjudicar a los contribuyentes mediante la adjudicación de contratos para suplir bienes y servicios a las Empresas Distribuidoras de Electricidad.
Maxy y Alexander Montilla Sierra, hermanos de la Cándida Montilla (esposa de Danilo), es señalado como cabecilla del entramado.
En la querella también figura Rosanna Montilla Espinal, hermana de Maxy y Alexander, que se desempeñaba como directora de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) desde el 2004 hasta 2020.
El vínculo familiar se amplía en este expediente, con la presencia de Luis Ernesto de León Núñez, quien fue el administrador de Edeeste desde agosto de 2012 hasta agosto del año 2020 y es cuñado del exmandatario, por ser el esposo de Magalys Medina Sánchez, ya vinculada a la Operación Anti Pulpo.
En este caso también figura Alexis Medina Sánchez, el líder de la operación Anti Pilpo.
LOS COMPADRES. No solo cuñados, hermanos y seguridad del presidente del PLD tienen asuntos pendientes con la Justicia, pues además hay compadres.
La exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco, es su comadre y es investigada por presuntas irregularidades en la adquisición de kits de alimentos durante la pandemia.
Otra comadre es la exdirectora del Plan Social, Iris Guaba, citada por la Pepca para rendir cuentas sobre su declaración jurada de bienes y sobre su desempeño en la entidad.
Simón Lizardo es investigado por el Ministerio Público sobre sus declaraciones juradas de patrimonio, alegada asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, guarda prisión preventiva, como medida de coerción por su vinculación en Operación Anti Pulpo.