Los implicados en el entramado de Operación Coral 5G crearon empresas, evitaban auditorías con cuadres ficticios, utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas.
Según describe el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción a los procesados en que señala 25 características que tenía la red, el grupo creo instituciones para suplirles combustibles y materiales gastables, los cuales nunca eran entregados, pero para los que se realizaban cuadres ficticios.
Según el documento los imputados “nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”, cita la solicitud de medida de coerción.
Señala que el grupo también asignó como partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia las cuales eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (CUSEP) y del l Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Asimismo “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público,a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”, dice la acusación.
Sobre este particular dice que eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente para que las transacciones que hicieran policías y militares no generaran alerta al Sistema Financiero Dominicano.
Según el expediente los procesados: “Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”, explica.
Dice que pese a la creación de las empresas para adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y establece que su único fin era darle apariencia licita a las propiedades que adquirían los miembros de la organización.
Señala que en ese proceso también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma son maniobras propias del crimen organizado y le servían de escudo para disfrazar operaciones millonarias de lavado de activos.
De acuerdo al expediente los implicados “distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”, indica.
Otro de los señalamientos que hace el Ministerio Público es el de haber utilizado sellos de la Contraloría General de la República y otras instituciones para dar apariencia licita a sus operaciones.
Sostiene que fruto de esas maniobras “adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”, además de haber utilizado bienes incautados como propios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de vida propio del crimen organizado.
Los imputados
Los imputados en Operación 5 G son: el general Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos Viola; el general de brigada Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.
Conocen hoy medidas de coerción
La Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva tiene previsto conocer este domingo a las 10:00 de la mañana la medida de coerción contra los 13 imputados en la denominado Operación Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y la declaración del caso complejo.
El Ministerio Público depositó la noche del viernes por ante esa dependencia judicial cinco contenedores con los expedientes acusatorios de los procesados los cuales contienen más de 600 páginas y setecientos 700 medios de pruebas documentales.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una serie de elementos probatorios.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede”, dijo coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, tras encabezar el depósito de la documentación.
La supuesta red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público y se le ha ocupado hasta el momento 125 propiedades.
Manejo piramidal
En el expediente acusatorio de la primera y segunda fase de la Operación Coral, la (Pepca) establece que una de las principales fuentes de recursos ilícitos, utilizada por los miembros del entramado consistía en la distracción de fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado se Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Dice que desde las nóminas existía un esquema tipo piramidal en donde, en el caso del Cestur, el imputado Juan Carlos Torres Robiou, aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el director del Departamento de Recursos Humanos, el imputado Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en nómina por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza y el encargado de tecnología y nómina, imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Sostiene que, en el caso del Cusep, el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre era quien aprobaba los nombramientos de personas, no obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el Gerente Financiero, el imputado Rafael Núñez de Aza, a través del teniente coronel, José Ramón Santos Jiménez, y posteriormente por el imputado, mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Explica que el teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el segundo teniente Vicente Girón Jiménez, el teniente Erinson Brens Rosario y primer teniente Juan Ramón Tejada Hilario, reclutaban militares que estuvieran asignados a otras instituciones, o que no tuvieran funciones en específico, se los presentaban a Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien los depuraba junto a su superior, Rafael Núñez de Aza y solicitaban la incorporación, siendo esto aprobado por el imputado Juan Carlos Torres Robiou en Cestur y por Adán Benoni Cáceres Silvestre en Cusep.
Indica que, posteriormente, las personas que pasaban la depuración eran agregadas a las nóminas de Cusep o Cestur, con salarios de entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, los cuales debían ser devuelto en su totalidad, y en otras ocasiones los “nombrados” eran autorizados a quedarse con montos que van desde 2 mil hasta 10 mil pesos, dependiendo de la cantidad asignada, y el resto debían devolverlo a las “cabezas recolectoras”, en este caso al teniente coronel José Ramón Santos Jiménez, el segundo teniente Vicente Girón Jiménez, Erinson Brens Rosario y el primer teniente Juan Ramón Tejada Hilario, quienes le entregaban el dinero al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez y a Rafael Núñez de Aza.