Un gran lío se armó en la Cámara de Diputados cuando Faride Rafúl, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó que sea designada una comisión especial que investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicaciones (DICOM) durante 2012-2016, con las empresas de Joao Santana y su esposa, Monica Moura, quien fueron procesados en su país (Brasil) por lavado y corrupción.
Al pedido de la diputada se unieron su colegas y compañeros de partido, Francisco Javier Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz.
Específicamente Raful solicitó que una comisión investigue la contratación que ha realizado el Ministerio de la Presidencia y la DICOM durante el sextenio indicado con las empresas “Cines&Arts2013, SRL, y Polis Caribe, SRL, vinculadas a Santana y a Moura (acusados en Brasil por la operación Lava Jato) que estafó a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras).
Afirmó que a esas dos empresas en territorio dominicano se les ha pagado aproximadamente 1,400,000,000.00 de pesos.
La petición del proyecto de resolución fue desestimada de inmediato por los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el tema provocó un enfrentamiento verbal entre opositores y oficialistas.
El lío comenzó cuando el diputado peledeísta Radhamés Cámacho respondió a Raful, sin turno previo, en tono elevado, y ante esto, el diputado perremeísta Elías Báez intervino a favor de su compañera de partido, quien denunciaba que lo sucedido con los contratos de publicidad entregados a esta pareja de brasileños y los datos que reporta en el Ministerio “viola al principio de la transparencia”.