La fiscal federal de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, informó ayer que miembros de una banda de narcotraficantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera están en República Dominicana.
Los miembros de la banda vendían desde el 2006 crack, mariguana, heroína, cocaína y percocet, entre otras drogas, en distintas áreas de la capital San Juan, así como en Estados Unidos.
Al informar sobre las acusaciones a 75 miembros de esta peligrosa banda, Rodríguez explicó que una de las formas de intimidación que utilizaban estos narcotraficantes era tomar los cuerpos de las víctimas y lanzarlos a caimanes y cocodrilos para que los devoraran. Señala que estos animales los tenían como mascotas domésticas, ya que les pertenecían a los narcos. Debido a esa situación la investigación que seguía la fiscalía de ese país se llamaba “Cocodrilo”.
Rodríguez informó que por lo violento que eran estos individuos habían empezado a acusarlos entre el 2016 y este año, pero que aún quedan delincuentes, algunos de los cuales se encuentran en República Dominicana.
“Podemos decir que hay personas que están todavía en la República Dominicana y hay personas también que ya fueron acusadas por un gran jurado federal”, dijo la fiscal sin determinar cuántas de esas personas se encuentran en el país.
La fiscalía de Puerto Rico explicó que el objetivo de esta banda era mantener el control de drogas dentro del área de Santurce mediante el uso de la fuerza, amenazas, violencias e intimidación.
“En ocasiones como medida de seguridad secuestraban y atacaban a narcotraficantes rivales como a los miembros de su organización para intimidar y mantener el control de las actividades de narcotráfico”, aseguró la fiscal. El pasado 27 de febrero, 75 personas de esta banda de narcotraficantes fueron acusadas por tráfico de drogas y posesión de armas.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Policía de Puerto Rico (PRPD).
Algunos de los acusados utilizaron parte de los ingresos de sus actividades ilegales para comprar bienes como propiedades inmobiliarias, vehículos de motor y embarcaciones, entre otros.