La Procuraduría General de la República (PGR) admitió que intercepta telófonos de ciudadanos, pero aseguró que hace las interceptaciones “bajo estricto apego a la ley”.
Sostuvo que para pinchar los teléfonos busca primero la autorización de jueces competentes, debido a que el espionaje telefónico es un valioso medio de prueba habitual usado en su misión de persecución del delito.
La PGR manifestó que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación a número telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas.
La institución afirmó que debido a que los imputados del caso Odebrecht han hecho de público conocimiento documentos confidenciales que forman parte del expediente instrumentado por el Ministerio Público y depositado ante la Suprema Corte de Justicia, es oportuno aclarar a la ciudadanía una vez más, que la solicitud y autorización de interceptación telefónica de un juez no significa ni que se haya ejecutado, ni que las personas propietarias de dichos números estén involucrados penalmente en el caso.
A juicio de la PGR, por tratarse del caso de corrupción más grande del país, ello conllevó la realización de una amplia investigación en el transcurso de la cual la solicitud de interceptación telefónica representó una de las tantas diligencias investigativas llevada a cabo por el Ministerio Público en estricto cumplimiento a lo establecido en la ley, todo lo cual puede ser demostrado a cualquier ciudadano interesado o que se sienta afectado.
De manera particular, la Procuraduría General de la República confirmó que todos y cada uno de los teléfonos interceptados pertenecen a los imputados o a personas vinculadas a los mismos, ya sea por familiaridad, sociedad, vínculos cercanos, alto tráfico de llamadas o porque durante el período de investigación prestaban estos teléfonos a los imputados, siendo este el caso de varios de los números que han salido a la luz pública.
En ese orden, la institución del sistema de justicia hizo un llamado a la población en el sentido de no dejarse confundir con falsas teorías de espionaje, y explicó que las interceptaciones telefónicas han sido realizadas con la debida autorización de un juez, ya que representan un medio de prueba utilizado en todas partes del mundo que pudiera ser determinante para llegar a la verdad y procurar las sanciones que pide la sociedad dominicana.
Ese nivel de meticulosidad y profundidad en la investigación de los vínculos ha sido también una respuesta a un reclamo de la sociedad. Destacó que la población debe tener en cuenta que los imputados cuentan con amplios recursos económicos para poder sustentar sofisticadas estructuras de propagandas y cuentan con la colaboración de personas que se prestan a maniobras de desinformación, cuya misión es entorpecer e incidentar el proceso con el objetivo de restar credibilidad al expediente que los implica y evadir la justicia con trucos mediáticos de redes sociales y propagandas maliciosas que no hacen ningún servicio al país.
La Procuraduría General de la República recordó que Odebrecht es el caso más grande de corrupción en toda la historia del país, ameritando agotar todas las técnicas legales de investigación, y que fruto de una exhaustiva y minuciosa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, hoy se puede contar con un expediente con más de 1,700 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de siete imputados.