SANTO DOMINGO. La Fiscalía Federal de Puerto Rico afirma en su acusación contra César Emilio Peralta (César el Abusador) que el prófugo sobornaba autoridades para evitar su arresto, enjuiciamiento y la incautación de estupefacientes.
Aunque en la traducción de la acusación se utiliza el término de “oficiales”, lo que el imaginario dominicano entiende son las esferas policial y militar, en la nomenclatura norteamericana esta se refiere a autoridades estatales civiles o militares.
La acusación también indica que Peralta está en la actividad del narcotráfico desde 1997. El imputado se mantuvo fuera del radar de las autoridades dominicanas, pese a que su primer arresto por narcotráfico se produjo en el año 2000, luego volvió a caer por un cargamento de 258 kilos de cocaína en 2007, pero fue liberado por un fiscal alegando que su orden de prisión se ejecutó con 53 horas de vencida.
“Según informantes confidenciales, Peralta está en el negocio del tráfico de drogas desde 1997, aproximadamente, y su OCT (organización) genera millones de dólares del tráfico de estupefacientes. Parte de ese dinero se ha utilizado para sobornos a algunos oficiales (autoridades) para evitar su arresto y enjuiciamiento, y la incautación de estupefacientes”, indica la acusación.
El expediente del Distrito Federal de Puerto Rico está marcado con el número 18-CR-746, el cual está a cargo del fiscal auxiliar Max Pérez Bouret. En este documento es que aparece por primera vez el segundo apellido del imputado (Adamez), ya que hasta el momento se le citaba únicamente como César Emilio Peralta.
Pese a que la Fiscalía Federal establece que el imputado está dedicado al narcotráfico desde 1997, los dos cargos de narcotráfico contenidos en el pliego acusatorio del 28 de noviembre de 2018 fueron cometidos durante 2017.
En el relato de los hechos, el pliego acusatorio que obtuvo EL DÍA indica que César Emilio Peralta Adamez recibe múltiples cargamentos de cocaína y heroína desde Colombia y Venezuela y los envía a Puerto Rico y territorio continental de Estados Unidos, repatriando sus ganancias a República Dominicana y Colombia.
Uno de los informantes (IC-1) que contribuyó con las autoridades norteamericanas en el caso de “César el Abusador” indica que empezó a trabajar con este alrededor de 2013 y que ese año le asistió en el transporte de tres cargamentos de cocaína hacia Puerto Rico. Indica que esos cargamentos variaban entre 60 y 100 kilos, aproximadamente.
La acusación revela también que en 2015 la Policía Nacional dominicana arrestó a seis individuos a los que les incautaron 53 kilos de cocaína y dos de heroína a bordo de un yate de lujo valorado en 20 millones de dólares (The Kindgom) y que en esa oportunidad el hoy informante IC-1 le comunicó a las autoridades dominicanas que ese cargamento pertenecía a “César el Abusador”.
Confiscación
El Tribunal Federal para el Distrito Federal señala que por los cargos que les imputan a César Emilio Peralta (César el Abusador), si recibe condena por los delitos descritos en los cargos, deberá renunciar a las propiedades utilizadas o con la intención de utilizarse para cometer o facilitar la comisión del delito.
Entre las propiedades ubicadas en República Dominicana que el imputado deberá renunciar están: Flow Gallery, La Koura Club, Aqua Club y al Panino. Mientras que un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy la solicitud de medida de coerción contra Marisol Franco, Rafael Reyes, Edwad Patricio, Montero Cabral y Alan Gilberto Bueno Alcequiez, a quienes el Ministerio Público pide prisión y que se declare complejo el caso.
Proceso
Operativos realizados por las autoridades
—1— Investigación
En julio la Procuraduría inició investigación sobre las actividades de César Emilio Peralta “César el Abusador” y sus cómplices.
—2— Orden
El 19 de agosto, el Ministerio Público emitió las órdenes de allanamiento y arrestos contra miembros de la banda.
—3— Operativo
El 20 de agosto las autoridades allanaron las propiedades de miembros de red y detuvieron a varios.
Prófugos
— Implicados
Ocho vinculados a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos se encuentran prófugos de la justicia; contra ellos existe orden arresto emitida por un juez de instrucción de la jurisdicción competente.