El Ministerio Público ha fracasado en la búsqueda y captura de César Emilio Peralta (César el Abusador), el capo más poderoso y de mayor influencia en los últimos años en la República Dominicana.
El proceso de investigación del Ministerio Público se detuvo en el conocimiento público luego de que se conocieran y negaran medidas de coerción para seis de los vinculados con este caso, por inconsistencia de pruebas, y se aprobaran algunas más en lo que los fiscales investigadores presentan nuevos elementos convincentes.
Pero del principal cabecilla del grupo no se sabe nada. Hubo especulaciones sobre su posible entrega, pero a las autoridades de los Estados Unidos, porque estaría corriendo peligro en caso de ser apresado localmente.
En casos como este, luego de una declaración pública del Procurador General describiendo la grandiosa actividad criminal de César el Abusador, es desconcertante que las autoridades no digan nada sobre la ubicación del perseguido, sobre su posible salida del país, si logró abandonar el territorio nacional, y cómo lo habría logrado. Nada. Pasarán los años, hipotéticamente, y el caso seguiría en penumbras, y habría que poner en libertad a su esposa y demás familiares, porque ¿de qué la pueden acusar?
Pero no es el único caso grande que está en el limbo, pese a estar en manos de la Procuraduría General de la República. También sigue en el limbo la denuncia del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, de que para el caso de Punta Catalina se habría entregado 39.5 millones de dólares en sobornos.
Tres personas hasta el momento fueron identificadas: José Gregorio Salcedo, quien fuera asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Santo Domingo, el economista Andrés Dauhajre, quien realizó labores de asesoría y recibió pagos millonarios, y el también economista José Manuel Guzmán Ibarra, quien recibió pagos por asesorías a Odebrecht.
Hay que decir que las tres personas identificadas, y que recibieron pagos por sus servicios, dejaron las funciones que tenían en instancias del sector financiero, y se pusieron a disposición de las autoridades. Fueron invitadas a pasar por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, despachadas sin mayor explicación y el caso ha quedado como quedan muchos otros que pasan por allí, durmiendo entre los documentos de poca relevancia para ese departamento.
Sería justo que las tres personas identificadas y afectadas en su honor, dos de los cuales perdieron su trabajo, sean reivindicadas y liberadas de sospecha, si ya los fiscales determinaron que no tienen responsabilidad en la recepción de sobornos de Odebrecht. Guardar silencio, y esperar que el olvido llegue y sepulte en la memoria pública estos casos, es un gravísimo atentado contra el pudor público. Tampoco investigar los codenomes o pseudónimos que se utilizaron en este caso, eran 28 para la República Dominicana, es también un atentado contra el honor de personas que han sido y siguen siendo mencionados con alguna relación de los imaginativos nombres que pusieron en Odebrecht para la entrega de los sobornos.
¿Hizo algo la Procuraduría General de la República para avanzar y confirmar estos datos? ¿Aceptó la oferta de colaboración del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación? ¿Tiene Interés en que los hasta ahora identificados por estos 39.5 millones de dólares colaboren y brinden información sobre este proyecto, que fue excluido de los casos de corrupción en que hubo sobornos de parte de Odebrecht?