El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, varió las medidas de coerción que tenían el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, por el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebecht en República Dominicana.
A Díaz Rúa, que tenía nueve meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo, le varió a garantía económica de RD$50 millones mediante una compañía aseguradora, presentación periódica el primer jueves de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), e impedimento de salida del país sin autorización.
Para Rondón, que tenía un año de prisión preventiva también en Najayo, el juez dispuso garantía económica de RD$70 millones mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante la PEPCA el primer miércoles de cada mes e impedimento de salida sin autorización.
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Díaz Rúa y Rondón eran los únicos de los 14 implicados en el caso Odebrecht que cumplían medida de coerción de prisión preventiva.
Por el caso también son imputados, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura, el exdiputdo Ruddy González, el abogado Conrado Pitaluga, el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo D´Oleo, el exadministrador de la CDEEE, César Sánchez y Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid). Además, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, y el diputado Alfredo Pacheco.
A todos, la Procuraduría General de la República le atribuye participación en el esquema de sobornos que la constructora utilizó en el país para agenciarse obras en el Estado. En documentos dados por Odebrecht al sistema de Justicia de los Estados Unidos y Suiza, reconoce que en República Dominicana pagó US$92 millones en sobornos desde el 2001 al 2014.