SANTO DOMINGO.- La supuesta organización criminal, militar y policial desarticulada con las operaciones Coral y Coral 5G, que operó desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), no solo “embarró”, a altos militares también a parientes cercanos de los principales acusados.
De acuerdo al acta acusatoria del Ministerio Público, que señala a Adán Cáceres Silvestre, exdirector del (Cusep), y a Juan Carlos Torres Robiu (Cestur), de ser los principales cabecillas de la red y este último, involucró de manera directa a su hermano odontólogo, Guillermo de Jesús Torres Robiu, además de su esposa, Greiby Peña, quien se desempeñaba como directora del Consejo Nacional para La Niñez y la Adolescencia (Conani), pero ésta no se encuentra en la acusación.
Asimismo, pasó con el general Julio Viola De Los Santos, quien vinculó a su hermana, suegra, hijos y esposa, en el caso entramado delictivo, que distrajo al menos más de 2 mil millones de pesos, en propiedades.
Según el acta acusatoria, estos tenían en común el mismo método piramidal utilizados en las demás instituciones del Estado para distraer los fondos a través de personas que se dedicaban a obtener, con conductas propias del lavado de activos, un incremento exorbitante en los patrimonios de los miembros directivos de dichas instituciones.
El documento establece que el entramado criminal, liderado por dos personas cercana al expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, aprovecharon sus funciones para distraer al menos 4 mil millones de pesos, en las distintas direcciones.
“Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribución de raciones alimenticias y viáticos, valores que fueron desviados y utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones, estafando al Estado”, explica el expediente acusatorio.
Asimismo, distrajeron fondos del erario público a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización.
Adulteraron expedientes de compras, pagos y auditorias, a través del uso de sellos gomígrafo y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos públicos ante la Contraloría General de la República.
Asimismo, el órgano fiscalizador, asegura que los imputados elaboraban informes de gastos, denominados en la red “cuadres” en los que se evidencian el uso personal de los fondos públicos y la repartición entre los miembros del entramado; dicho informe era usado internamente , el cual se encuentra repleto de alias que individualizan el gasto real del dinero distraído.
La acusación, además, establece que no solo exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores para poder adjudicarles procesos de compras, como era en el tema de combustible o en la compra de vehículos.
En ese orden, también utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, donde involucraron una sucursal del Banco de Reservas, para realizar la estafa.