Las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, que de acuerdo a una auditoría oficial llegaron a ocupar un seis por ciento del territorio nacional, fueron repartidas por décadas como piñata entre políticos y militares de alta graduación, con irregularidades y desórdenes administrativos que llegaron a su nivel más escandaloso cuando la desesperación de un adquiriente provocó la muerte de dos comunicadores en San Pedro de Macorís y la suya propia, en hechos que seis meses después aún no han sido suficientemente aclarados.
Esto contrasta con la drasticidad con que fueron desalojadas en tiempo record trece empobrecidas familias del sector Brisas de Caucedo, de Andrés Boca Chica, evidencia que a todos los que usufructúan predios del CEA aparentemente no se les mide con la misma vara.
Seis días después del desalojo en Brisas de Caucedo en el área reinaba hoy el mismo panorama de destrucción y desamparo sin que, de acuerdo a las familias afectadas, ninguna autoridad municipal ni gubernamental haya acudido a por lo menos mitigar las penurias en que permanecen bajo sol y sereno, viviendo a la intemperie.
