SANTO DOMINGO. La Comisión que investigó las operaciones del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en San Pedro de Macorís, sugirió a la nueva dirección sustituir la gerencia de la región Este y tomar control de la misma hasta instalar un nuevo personal “que asuma la tarea de abordar los múltiples y graves problemas que afectan a dicha región en lo que respecta a las operaciones de compraventa de terrenos”.
La comisión integrada por Flavio Darío Espinal, Lidio Cadet y José Dantés, realizó una investigación a raíz del asesinato, en San Pedro de Macorís, de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, a manos de José Rodríguez, quien luego se suicidó, según el informe oficial.
El informe dice que la muerte de los locutores y de Rodríguez, están directamente vinculados con las operaciones de compraventa de tres porciones de terrenos realizadas entre el CEA y él, por lo que remite el informe al Ministerio Público para determinar la responsabilidad penal “de cualquier actor, público o privado” que haya intervenido en los hechos”.
Los comisionados también sugirieron a la comisión que preside Bautista Rojas Gómez, y que investiga las operaciones del CEA, intervenir las direcciones Inmobiliaria, Técnica, Financiera, Administrativa, Jurídica y Comercial, así como las gerencias regionales, hasta tanto concluya con los trabajos que les fueron instruidos mediante el decreto 268-16.
Además, que considere la pertinencia de rescindir los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados con los interesados.
También, que evalúe exhaustivamente el desempeño del personal directivo y no directivo de las mencionadas áreas críticas de la institución para determinar los niveles de deficiencia con las que operan y aplicar las medidas administrativas que correspondan.
Recomendaciones hechas por la comisión
Entre las recomendaciones hechas por la comisión que investigó el caso de San Pedro de Macorís está que en un plazo no mayor de seis meses rinda un informe al presidente de la República, Danilo Medina, con sus conclusiones y recomendaciones sobre cuál debe ser la nueva misión institucional del CEA, para la cual se deberá elaborar el correspondiente proyecto de ley. Asimismo, que la Contraloría realice una depuración rigurosa de la nómina del CEA, a fin de que la misma pueda ser saneada y una vez saneada la nómina, asignar una partida presupuestaria para el pago de los empleados y los gastos operativos.