La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), dirigida por le peledeísta Lidio Cadet, dijo que no encontró vínculos entre las empresas contratadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para proveer hormigón asfáltico caliente (HAC) y Gonzalo Castillo, exministro de esa institución.
Esa es una de las conclusiones de la investigación que realizó Digeig a solicitud de Castillo, el pasado 21 de noviembre de 2019, tras la investigación que realizó la periodista Alicia Ortega sobre supuestos contratos irregulares en el MOPC en la adjudicación de 11,500,000,000 de pesos, en cinco meses.
Ortega apuntó, en la publicación, que miles de millones de pesos en adjudicación se hicieron antes de la celebración de las primarias abiertas del PLD, en la cual Castillo participó y resultó ganador, siendo el candidato presidencial de ese partido.
La Digeig explicó que, para determinar que Castillo no violentó la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en su artículo 14 sobre quiénes no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, se analizó cada una de las documentaciones remitidas por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y los registros mercantiles de las empresas contratadas.
En relación a si el MOPC cumplió con la citada ley sobre los procesos de excepción para la compra de suministro de HAC, la Digeig apuntó que esto es competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinarlo.
Señaló que, a la fecha, no ha recibido la resolución solicitada a la DGCP sobre los procesos denunciados.
Sobre la supuesta distracción de los 11,500,000,000 de pesos en beneficio de la campaña electoral de Castillo, la Digeig dijo que, “a la fecha de recepción de los estados económicos del MOPC, solo se ha facturado el 55.35 %, del cual se ha pagado el 49.23 % del monto total contratado”.
Además, que, en los estados económicos, se observó que seis de las empresas contratadas aún no habían recibido ninguna remuneración, al no haber presentado facturas ni cubicaciones.
En tanto a los 70 kilómetros de producto lineal señalados en la denuncia, que eran parte de los requerimientos para la contratación de las empresas, la Digeig apuntó que el Ministerio de Obras Públicas explicó que esos kilómetros no se referían a la cantidad de producto contratado, sino que las empresas debían estar ubicadas dentro de una ratio de 70 kilómetros del lugar donde sería realizada la obra, a los fines de eficientizar los gastos de traslado.