Santiago. El Ministerio Público acusó de lavado de activos a un grupo de venezolanos dedicado a la trata de personas.
Durante un allanamiento en el nightclub Casa Blanca, a los venezolanos les encontraron 11 millones de pesos en efectivo y 800 mil dólares, lo que en total equivale a 47 millones de pesos.
Ayer, la jueza Ingrid Liberato de la Oficina de Atención Permanente dictó 18 meses de prisión preventiva y declaró complejo el caso contra tres de los cinco imputados por trata de personas. La magistrada dictó prisión contra Juan Fernández Grismelda Acarilis Merejo y el venezolano Jolvert José Ramírez. Mientras que contra Magdalena Batista y Jairo impuso una garantía económica de dos millones de pesos a cada uno, impedimento de salida y presentación periódica.
La noche del jueves, el Ministerio Público intervino el lugar, ubicado en la carretera Santiago-Licey y encontró en el establecimiento a 40 mujeres venezolanas y 5 colombianas. Tras el caso, la Procuraduría General ha tenido contacto con las autoridades colombianas y venezolanas. En efecto, se han iniciado las correspondientes investigaciones en cada país, al sospecharse que esta red no trabaja sola.
Este caso es el resultado de una investigación llevada a cabo durante más de seis meses, que aportó la identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres para con ellas lucrarse a través de la explotación sexual.
La fiscal Luisa Liranzo dijo que en este hecho se investiga la colocación y uso en el mercado de dinero proveniente de actividades ilícitas. En este sentido, la imputación que se hace es de Trata de Personas con fines de explotación sexual.
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Este caso es el resultado de una investigación llevada a cabo durante más de seis meses, que aportó la identificación de la red que captaba, reclutaba, trasladaba y retenía a las mujeres.
Fiscal dice blanqueo no solo es en narcotráfico
La fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, recordó que el delito de lavado no es exclusivo del narcotráfico. Dijo que en este caso, la explotación sexual, la comercialización y ejercicio de la prostitución a través de intermediarios y en provecho económico de estos mismos genera ganancias que son susceptibles de persecución por la Ley Contra Lavado de Activos.