La investigación del Ministerio Público reveló que Javier Alejandro Forteza Ibarra durante sus funciones como director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la Procuraduría General de la República, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea.
De acuerdo a la orden judicial de allanamiento solicitado por la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora Interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, en funciones de Jueza de la Instrucción, indicó que Forteza Ibarra durante el desempeño de sus funciones, específicamente en fecha 20 de Febrero del año 2020, eliminó de manera intencional la base de datos de los servidores, encriptó la data de los servidores y de los backup conectados en línea así como también, fue alterada y formateada la data de información de los departamentos administrativos, como son Portal Web institucional, impedimentos de salida, sistema administrativo; “se borró la data almacenada en el correo Institucional del dominio pgr.gob.do, donde se encontraban alojados los datos y usuarios de los fiscales y personal administrativo; la base de datos de la Dirección de Prisiones, Departamento de Extradiciones, Control de Evidencias y Bienes Incautados, Contabilidad, Tesorería, Transportación y Activo Fijo; entre otras dependencias de la Procuraduría General de la República”, señala la orden.
En el documento, indican una investigación abierta sobre adulteración y formateo de la data de información de los departamentos administrativos de la Procuraduría General de la República, donde explican que el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra ingresó a laborar en la Procuraduría General de la República en fecha 16 de agosto del año 2016 y designado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez para desempeñar la función de Director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) hasta septiembre del año 2020.
“A raíz del proceso de inventario llevado a cabo a partir del 16 de agosto del año 2020, por la gestión de la Procuradora General de la República, Mag. Miriam Germán Brito, el cual da cuenta de un dispositivo bloqueador de señal tipo mochila y el equipo antidrone numero de referencia 9125073554, con serial M01460008094076113, comprado a la compañía Aldelay Groupe, S.11-1-, por la suma de Tres Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos can 76/100 centavos (RD83,974,156.76) cuya solicitud de compra la reiteró la señora Vilmi Durán, asistente del ExProcurador General, Jean Alain Rodríguez en fecha 27 de Julio de 2020, supuestamente para ser utilizados en labores de investigación cuando casi la fiscalía lo requieran”.
Argumentan que el Javier Forteza Ibarra, Director de DITC, fue quien recibió el citado equipo emitiendo una certificación de fecha 13 de Agosto de 2020, afirmando que este equipo se lo había entregado al Despacho del Procurador en fecha 12 de Agosto de 2020, no encontrándose ningún registro oficial de esta supuesta entrega y mucho menos los equipos de forma física en ninguna dependencia del Ministerio Público, menos en el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación que gestiono la compra de dichos equipos, el cual hasta la fecha se encuentra desaparecido.
El Centro Nacional de Ciberseguridad representado por Carlos L. Leonardo, Director del Equipo de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, CSIRT-RD como parte de las labores preventivas, remitió tres alertas durante las fechas 02-09-2019 (No. CSIRTRD-AV-001051-29082019); el 21-02-2020 (Noine-01035-M7G8 21022020) y el 28-05-2020 (No. Inc 01096-H4N9 28052020), relacionados con alertas dirigidas al Director de Tecnología de la Información y Comunicación de la PGR, el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra, informando las vulnerabilidades detectadas a los servicios http: / /pgr.gob.do 4 en el cual se incluyeron algunas recomendaciones y remediaciones, donde se advertía un alerta temprana sobre infecciones a los sistemas informáticos de la PGR, específicamente permitiendo la exposición de usuarios intentos y ocasionar daño al portal web; a redes botnets que infectaron con códigos maliciosos permitiendo el control remoto desde una estación de comandos las IPs relacionadas con la PGR, en las cuales ninguna de las citadas alertas, no fueron atendidas por el investigado Forteza.
El día sábado 16 de Febrero del año 2019, varios servicios informáticos de la Procuraduría General de la República fueron afectados por instrucciones directas del director de DTIC, el señor Javier Alejandro Forteza Ibarra, atendiendo a una serie de acciones técnicas y operativas que no debió ejecutar, las cuales fueron advertidas por el encargado de Servidores, el señor Enmanuel Martínez y por el encargado de Operaciones TIC, el Ing. Jorge Isaac Vanderhorst Ventura, de la Procuraduría General de la República. A mediados del año 2018 se determinó que el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra creó un acceso ilícito en el sistema informático de la Procuraduría General de la República, denominado Keylogger, para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, las PC utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales, logrando tomar control de las informaciones de los procesos penales, así como también, facilitar el borrado de información almacenados en los discos duros. Durante la gestión del ExProcurador General de la República Jean Alain Rodríguez, el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra realizó procesos de contrataciones para capacitación y cursos especializados para el personal administrativo que labora en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, los cuales no fueron impartidos al citado personal, así como también, la alteración en los precios por compras de equipos informáticos y de telecomunicaciones. Cabe destacar que de acuerdo a las declaraciones de la testigo Raineiry Elizabeth Medina Sánchez, establece que el borrado de las citadas informaciones fueron ejecutadas por el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra, incluyendo las informaciones de la base de datos del área de Almacén de la Procuraduría General de la República.
La investigación revela que la afectación ocasionada a la PGR debido a la actividad delictiva deliberada e ilegítima manifiesta y ejecutada por el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra en el desempeño de sus funciones en calidad de Director de Tecnología de la Información y Comunicación, ocasionó a través del acceso ilícito en los sistemas informáticos instalados en la Procuraduría General de la República, la alteración, borrado y eliminación de datos en los servidores, la eliminación y alteración en la base de datos, en los sistemas informáticos, programas informáticos y discos duros se encuentran tipificados en las normas contenidas en los artículos 5, 6, 10 párrafo y 11 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a saber: Alteración de códigos de acceso, acceso ilícito, Daño o alteración de datos y sabotaje. De igual manera, la conducta delictiva asumida por el investigado Javier Alejandro Forteza Ibarra, encuentra alcance normativo de carácter internacional, contenidas en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, de fecha 23 de noviembre de 2001, vigente en la República Dominicana, la cual define el fraude informático como:… actos deliberados e ilegítimos que causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante: a. la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, b. cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, con la intención dolosa o delictiva de obtener, de forma ilegítima, un beneficio económico para uno mismo o para otra persona.
Manifiestan que de igual modo, involucrado a las acciones realizadas por Javier Alejandro Forteza Ibarra, se encuentra el Ney Emaldo Caccavelli Guevara, quien desempeñaba el cargo de Encargado de Seguridad de la Información de la Dirección de Tecnología de la Procuraduría General de la República, el cual tuvo una participación directa en la creación del acceso ilícito en el sistema informático de la institución, denominado Keylogger, para el monitoreo desde cualquier lugar y de manera remota, las computadoras utilizadas en áreas administrativas y por los fiscales.