La juez presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal, María Garabito Ramírez, y la jueza interina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio, defendieron el procedimiento a través del cual se otorgaron permisos a 57 reclusos para pasar el fin de año en sus casas.
Además, las magistradas exigieron al Ministerio Público que respete la autonomía judicial e hicieron duras críticas a la forma como se están administrando los penales del país.
A través de una comunicación dirigida al director general de administración de la Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, la jueza presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, María G. Garabito Ramírez, remitió el informe de los permisos otorgados por la magistrada Katherine Rubio.
La jueza cuestiona “una publicación en medios de comunicación promovida por la Procuraduría General de la República”, a la cual tilda de “exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia”.
Garabito Ramírez explicó que “más que una noticia parece un plan para hacer saltar a la juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”.
Reiteró que no es la primera vez que se otorgan este tipo de permisos y de manera específica a las mismas personas, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo. “La juez duró aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República, los expedientes de los internos”, aclaró.
La titular de la Corte de San Cristóbal también expresó que ha observado “el protagonismo con el que el MP quiere manejar los Centros Penales de este Departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete, ni corresponde según la ley”.
Denunció que a pesar de esta situación, “otorgan permisos al margen del Juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya-Baní, señor Luis Lara, en fecha 01/01/2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del Juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Por último, Garabito Ramírez elogió el desempeño de la magistrada Rubio y aseguró que “conoce la legislación y la aplica por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Público y a otros actores narigonearla o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, lo que hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la Constitución, la ley y los procedimientos”.
Asimismo, criticó el manejo de los centros penitenciarios por parte del Ministerio Público y señaló que “deja mucho que desear, lo que conozco a profundidad, por las reuniones de la mesa multisectorial, en donde se exponen todos los males que aquejan el sistema de justicia penal; le ASEGURO con letras mayúsculas que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor, juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias no sabemos con qué fines específicos, pero buenos, no son porque no benefician ni al preso, ni al sistema y siempre se escudan en la falta de recursos”, argumentó.
Habían salido en otras ocasiones
La jueza interina Katherine Rubio entregó un informe de 40 páginas, ante el Consejo del Poder Judicial en el cual detalla cada uno de los casos que fue beneficiado con el permiso provisional y en él resalta que en la totalidad de los casos los internos tienen una conducta óptima, muy buena o buena; que están cerca de cumplir la mitad de la condena o la sobrepasaron y que la mayoría de ellos ya había salido en otras oportunidades.
Refirió que su proceder fue ajustado a lo que establece la Ley 224 Sobre Régimen Penitenciario, en la cual se establecen los beneficios que se aplicarán a los reclusos sin que pueda hacerse discriminaciones o establecerse diferencias de tratamiento fundadas en prejuicios de raza, color, religión, clase social y opinión política del interno y sólo cumpliendo con los estándares objetivos establecidos en la misma ley.
En la instancia, Rubio dice sentirse herida por la actitud dañina con la cual han manejado el caso, “no sólo de manera personal sino como uno de los tres poderes del Estado que hasta el momento ha sido el más maltratado, cuando de manera personal entiendo que es el poder que cuenta con el capital humano más capacitado, reglamentado, con personas de alto potencial tanto de conocimientos, preparación y honestidad”.
Además, detalla que las personas beneficiadas fueron Juan Bautista Familia (caso Figueroa Agosto), Andrés Tapia Valbuena (caso Paya), Gian Enrique Rojas (caso Figueroa Agosto- ha salido en otras ocasiones del centro), Jesús Hidalgo Antigua, Gary Enrique Féliz (ha salido del centro con custodias), José Santiago Flores (ha salido del centro con custodias), Olmedo Antonio Gutiérrez (ha salido del centro con custodias), Bernardino Martínez (ha salido del centro con custodias), Yackson Guante Casilla (ha salido del centro con custodia) y Antonhy Bautista Morel (ha salido del centro con custodias).
Además de Leíto Alcántara (ha salido del centro por tres días), Gian Rojas (caso Figueroa Agosto), Iván Durán (ha salido con anterioridad), Jorge García (ha salido con anterioridad), Arizon Batista (ha salido con anterioridad), Claudio Angustia, Omar Rivas, Digno Ramón Castillo, Víctor José Artiles Acosta, Juan Bautista Familia, Eusebio Polanco, Winston Radhamés Vásquez, Pedro Benites Minier, Amaury Germán (ha salido del centro con custodias), Miguel Valentín (ha salido del centro con custodias), Winston Rodríguez (caso Figueroa Agosto- ha salido del centro con custodias), Walther Montero (nunca había salido, su padre murió la semana pasada).
Edgar Daniel Bastardo (había salido con anterioridad sin custodias), José Manuel Peña (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Kelvin Vega (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Marino Soriano (había salido con anterioridad del centro), Edwin Ramón Durán (había salido con anterioridad del centro), Raimel Gálvez (había salido con anterioridad del centro sin custodias), José Miguel Lacay (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Danilo Taveras (había salido con anterioridad del centro con custodias).
En el caso de las mujeres, los permisos fueron otorgados a Juana Payano Diroche (había salido una vez), Yajaira Lebrón Valdez (había salido dos veces), Caridad Aquino (una vez), Georgina Noesi López (dos veces), Evelyn Valdesia Agüero (una vez), Yudith Méndez (una vez), Samaris Valdez García (una vez), Maritza Campusano García (no ha salido), Gina Gómez (no ha salido), Ángela Marrero (no ha salido), Yesenia Ramírez (no ha salido), Cindy de los Santos (no ha salido), Isabel Soto ( no ha salido), María Altagracia Gómez (ha salido cuatro veces), Heidy Rodríguez (salió una vez), Xiomara Mora (salió dos veces), Yudelkis González (dos veces), Enércida Nivar (dos veces), Ileana León (dos veces), Lisa Marina Elías (dos veces), Mari Soto (salió dos veces) y Anabel López Rodríguez (salió una vez).
CPJ ordenó una investigación
El Consejo del Poder Judicial emitió ayer una comunicación con el número 0001/2018, en la cual apoderó a la Inspectoría General del PJ a los fines de que investigue a la jueza de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katherine Rubio, por este caso.
La decisión, refrendada por el presidente del CPJ, Mariano Germán Mejía, surge luego de que la referida jueza otorgara permisos a más 40 reclusos para que se ausentaran de los recintos carcelarios desde el 30 de diciembre de 2017 al 02 de enero de 2018. Algunos de los privados de libertad están implicados en casos como Paya, Figueroa Agosto y Florián Féliz, entre otros.
Una vez emitidos los permisos, la Procuraduría General de la República emitió un acto de revocación del Auto No. 301-01-1289-2017, de fecha 29 de diciembre del 2017, ordenando el inmediato retorno a sus centros.
En total fueron retornados al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres 20 internos, 14 al Centro Abierto de Mujeres Sabana Toro y ocho internas que guardaban prisión en Najayo Mujeres, para un total de 42 internos, éstos en adición a los que no se les permitió la salida al momento de identificar las citadas irregularidades y luego de que la PGR emitiera un acto de revocatoria.
Frente a esto, Rubio aunque no quiso ofrecer declaraciones a la prensa, al salir de su despacho aseguró que actuó apegada a lo que dice la norma y exigió respeto a la independencia judicial.
A la sede del tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal se presentó una comisión de la Inspectoría del Poder Judicial integrada por tres inspectores, quienes hicieron un levantamiento del expediente.