Con vista a la apertura el próximo lunes del juicio de fondo del caso Odebrecht en jurisdicción ordinaria, la procuradora general de la República se inhibió de conocer cualquier aspecto ligado al expediente, que acusa a empresarios y ex funcionarios de recibir sobornos por un monto de 92 millones de dólares por parte de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de obras en el país.
Este viernes el Poder Judicial dio a conocer el protocolo para las audiencias, que entre algunos aspectos incluirá la capacidad limitada de la sala y un espacio para la prensa.
Luego de un proceso de juicio de fondo que quedó descartado, además de seis meses de atraso por la pandemia, los seis imputados en el caso Odebrecht volverán a la carga en su defensa, cinco de ellos ante el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El juicio de fondo fue dictado en junio del 2019 y las audiencias iniciaron en septiembre del mismo año, desde entonces los incidentes, réplicas y contra réplicas fueron múltiples.
Atendiendo a que el ex senador Tommy Galán perdió la Inmunidad Parlamentaria, el 28 de agosto pasado su expediente fue remitido a la Cámara Penal de la jurisdicción del Distrito Nacional y su proceso continuaría con el fallo de los incidentes presentados en últimas audiencias.
Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país, es señalado por el Ministerio Público como autor de los delitos de asociación de malhechores, por ser quien presuntamente distribuía los sobornos para conseguir proyectos y agilizar su financiamiento.
En el caso de Andrés Bautista, ex presidente del Senado, Juan Roberto Rodríguez, ex director de INAPA y el exsenador por San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, son cuestionados por soborno, prevaricación, falsedad en la declaración jurada y enriquecimiento ilícito.
De igual modo, el ex ministro de Obras Públicas y ex secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa, afirman las autoridades que presenta un patrimonio injustificado.
Conrado Pittaluga, es citado en el expediente como testaferro y cómplice de Díaz Rúa.
Sobre la inhibición de la magistrada Miriam Germán Brito, en 2017, mientras era jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema, criticó el expediente del caso, y en ese sentido tras años después, ahora como procuradora general manifestó que esa postura puede dar lugar a interpretaciones tendenciosas y que además alguna de las partes podría mirar lo expresado en la disidencia como una manifestación de parcialidad.