Los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio, Alianza por la Democracia (APD), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza del Pueblo (FP), Fuerza Nacional Progresista (FNP), País Posible, Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Unidad Nacional (PUN) y Alianza País, son las organizaciones políticas de la oposición que convocaron a una marcha por la democracia para este domingo 23 de febrero a las 9:00 de la mañana.
“Cumplo con la honrosa misión que se me ha encomendado de presentarles esta convocatoria a la Gran Marcha por la Democracia, bajo la consigna “mi voto se respeta”, que realizaremos 14 partidos políticos y varios grupos sociales consternados por el boicot o sabotaje de que fueron objeto las elecciones municipales que debieron celebrarse el pasado domingo 16 de mayo”, dijo el presidente del PRSD, Luis Miguel De Camps, quien sirvió de vocero.
La caravana se iniciará en la avenida 27 de Febrero esquina Núñez de Cáceres y terminará frente a la Junta Central Electoral (JCE), donde se leerá una proclama y donde se establecerán varios puntos entorno a las próximas elecciones municipales, indicaron los organizadores.
Otras organizaciones
También son suscribientes los agrupamientos sociales Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Congreso Cívico y Bien Común, integrados en la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional.
Los organizadores manifestaron que serán bienvenidos y considerados suscribientes de esa convocatoria todas las organizaciones sociales que coincidan con sus planteamientos.
Un manifiesto conjunto a será proclamado al final de la marcha, el cual contendrá un pliego de demandas de garantías para que tanto las elecciones municipales, como las congresuales y presidenciales, que le seguirán en mayo, se realicen con estricto apego a los principios de libertad, equidad, transparencia y objetividad que proclaman la Constitución de la República y las leyes electorales.
Rechazaron los intentos de borrón y cuenta nueva, que implica la nueva convocatoria de las elecciones abortadas, sin que se le haya explicado a la población qué fue lo que impidió la operación del voto automático, por lo que se ha hecho pagar al pueblo dominicano unos 20 millones de dólares y decenas de millones de pesos gastados inútilmente.