¿Si hacen fraude qué? Por Claudio Caamaño Vélez
Hace tres años fue depositado en el Tribunal Constitucional un recurso de revisión a una sentencia del Tribunal Superior Electoral, referente a las elecciones de 2016 en Santo Domingo Este.
Aquel proceso estuvo cargado de tanta asquerosidad que varios candidatos hicimos una huelga de hambre, y durante once días solo tomamos agua, como forma de expresar pacíficamente nuestra profunda indignación, tanto con quien hizo el fraude, como con quienes no hicieron nada para rechazarlo.
Desaparecieron 422 valijas electorales, llegando tres días después en un furgón sin precintos de seguridad y con evidentes alteraciones.
En la Junta Electoral de SDE inventaron el “reconteo”, un proceso que no está en ninguna ley, que consistió en volver a contar los votos en carpas improvisadas. Así validaron las adulteraciones, donde aparecieron hasta boletas de otros municipios.
También hubo actas con más votos que votantes. Una muy famosa es donde la diputada Karen Ricardo sacó 1,080 votos preferenciales, en un colegio electoral que tenía menos de 600 electores (para citar un ejemplo).
En términos concretos se evidenció la alteración de 813 actas. En 90 de esas el candidato a alcalde más votado de la oposición sacó cero votos; en contra de toda lógica elemental.
Mediante esas bajezas fue que se logró el “triunfo” del PLD en SDE, tanto en la Alcaldía como en varias diputaciones.
Pero lo peor no fue el fraude. Lo más indignante fue ver que los mismos que lo organizaron se vistieron de jueces para conocer las impugnaciones (una aberración del sistema electoral dominicano).
Y como imaginarán, no se iban a declarar a sí mismos culpables: inadmisible, a pesar de cientos de pruebas.
Recurrimos al TSE, donde nos volvieron a cerrar las puertas en las narices: inadmisible, sin siquiera realizar una audiencia pública. Así fue como llegamos al TC, donde llevamos tres años esperando la sentencia.
Ya el resultado de ese proceso serviría de poco. Pero una lección importante nos queda: si hacen fraude en 2020 la solución no estará en los tribunales.