Por más de seis horas, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes , Temístocles Montás, fue interrogado por el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en torno al caso de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht a funcionarios dominicanos para la adjudicación de obras.
A su llegada a la sede de la Procuraduría, Montás aseguró que acudió por voluntad propia; sin embargo, a su salida, resaltó que su comparecencia obedeció a una invitación que le hizo el titular del Ministerio Público y que se trató de “una entrevista cordial, amena y entre amigos”.
Montás señaló que se habló principalmente de los procesos que se desarrollan en la administración pública.
“Ustedes saben que durante 12 años yo fui ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y ellos necesitaban saber todo lo relacionado con los procesos que se desarrollan en la administración pública en lo que tienen que ver con los financiamientos públicos y sobre eso fue que se me preguntó a mí”, aclaró.
Se habló de financiamiento
Resaltó que el encuentro se orientó fundamentalmente a aclarar los procedimientos que a nivel del gobierno se ponen en marcha para lograr los financiamientos públicos del Estado dominicano, para la ejecución de obras.
“El tema mencionado fundamentalmente fue el financiamiento y obviamente sí se habló de financiamiento, se habló de los financiamientos de Odebrecht y lo que se hizo fue explicarle (al Procurador) los procedimientos y cómo se montaban esos procedimientos”, dijo.
El titular de Industria y Comercio agregó que no se habló de ninguna cuestión en concreto, sólo generalidades sobre los procedimientos y de la metodología que se seguía para que después de que se contrataban las obras, se lograra su financiamiento.
Van 38 interrogados
Al ser consultado sobre la lista de 14 personas que circuló en diversos medios de comunicación, de manera extraoficial, y en la cual aparecía su nombre, Montás enfatizó que “todo eso son rumores”.
Con Montás, ascienden a 38 las personas que han sido interrogadas por la PGR, en torno al soborno de 92 millones de dólares que Odebrecht pagó para lograr la adjudicación de obras de infraestructura.
Además, producto de las investigaciones el Ministerio Público realizó un allanamiento a la sede de Odebrecht en el país y logró la firma de un acuerdo de 13 artículos en el cual la empresa se comprometió a pagarle al Estado dominicano 184 millones de dólares, que corresponden al duplo de lo que pagó en sobornos y a suministrar los nombres y todos los datos necesarios para identificar a las personas que recibieron el dinero.
Desde el pasado 10 de enero hasta la fecha, han sido interrogadas al menos 29 personas por el caso, siendo el primero de ellos el gerente general de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke.
Posteriormente acudieron Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Frank Rodríguez, Roberto Rodríguez, Radhamés Segura, César Sánchez, Freddy Pérez, Conrrad Pitaluga, Leonardo Guzmán, Alfredo Pacheco, Jesús Vásquez, Andrés Bautista García, Cristina Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Julio César Valentín, Abel Martínez y Tommy Galán.
Además de Larry Shell, Henry Macual, Ramón Alburquerque, Celso Marranzini, Máximo De Oleo Ramírez, Rubén Bichara, Francisco Pagán y Alejandro Montás.
Ayer circuló listado de forma extraoficial
Ayer circuló en varios medios de comunicación un listado extraoficial con 13 nombres de personas que presuntamente habrían sido sobornadas por Odebrecht. En ella figuran al menos 12 personas que ya fueron interrogadas. Uno de los nombres es el de Temístocles Montás. Sin embargo, la Dirección de Comunicaciones de la Procuraduría dijo a través de un comunicado que “todavía no ha sido suministrada ninguna lista de personas supuestamente involucradas en el caso Odebrecht.
Procuraduría permanece custodiada por la PN
A pesar de que el Ministerio de Interior y Policía anunció que no permitiría la instalación de un campamento, como forma de protesta, anunciado por el colectivo Marcha Verde y el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), porque éste obstaculizaría el libre tránsito por el área, ha pasado una semana y la sede que alberga la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia permanece fuertemente custodiada con presencia policial y con barricadas en las calles, que impiden el acceso vehicular.