El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), bajo la gestión del general Juan Carlos Torres Robiou, y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), bajo la gestión del mayor general Adan Benoni Cáceres Silvestre, desviaron más de 220 millones de pesos en tickets de combustible ficticios, que nunca fueron recibidos ni utilizados, según consta en el expediente por el que el Ministerio Público pide prisión preventiva contra los implicados en la Operación 5G.
El documento establece que los impuestos Rafael Núñez de Aza, Juan Carlos Torres Rubio y Adan Benoni Cáceres Silvestre, a través de la siguientes empresas sustrajeron millones de pesos del erario público:
OPTUMUS EIRL: RD$20,545,448.00 con el entonces CESTUR, hoy POLITUR.
SOS Carretera SRL: RD$73,461,938.16 con el entonces CESTUR, hoy POLITUR.
SOS Carretera SRL: RD$55,384,718.95 con el CUSEP.
RAWEL Importadores SRL: RD$44,132,800.00 con el entonces CESTUR, hoy POLITUR.
La Estación de Servicios La Marina S.R.L. «La Marinita», propiedad del coimputado César Félix Ramos Ovalle: RD$29,200.000.00 con el entonces CESTUR, hoy POLITUR.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción sobre el caso Coral 5G, Ramos Ovalle le entregaba el dinero directamente al gerente financiero del entonces CESTUR, hoy POLITUR. Del cual Jacobo Horacio José De La Cruz recibió la cantidad de un millón trescientos mil pesos (DOP$1,300,000.00), por dos ocasiones.
El Ministerio Público explica además que a David Agustín Abreu Padilla, el dinero le era entregado por el imputado Ovalle en “cajas y fundas de regalo”, con montos que oscilaban entre un millón de pesos (DOP$1,000,000.00) y un millón doscientos mil pesos (DOP$1,200,000.00).
Al ser interrogados por el órgano persecutor, los implicados Migel Cancú Ramírez, Jacobo Horacio José De La Cruz Duarte, David Agustín Abreu Padilla e Israel Blanc Hernández coinciden en que el dinero recogido de manos de César Félix Ramos Ovalle se lo entregaban al imputado Rafael Núñez de Aza, en su residencia o en la sede del CESTUR, siendo manejados estos valores por este último conjuntamente con el imputado y exjefe de Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, para beneficio propio y de los demás miembros del entramado de corrupción.
De igual forma, el dictamen explica que el implicado Ramos Ovalles, hizo entrega de dinero al coronel Núñez de Aza, a través de otras personas como José Ramón Santos Jiménez, miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el cual refiere haber recibido del mismo entre $600,000.00 y $700,000.00, entregándole directamente estos montos a Núñez de Aza, como parte de distintos valores que eran recogidos por instrucciones del mismo, en diferentes puntos por miembros del CUSEP y el CESTUR.