El espionaje telefónico es una falta grave, incluso el diario Metrord publicó un extenso artículo sobre este tema y la metida de pata del Carlos Amarante Baret.
Resumimos las partes más importantes:
El Ministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Amarante Baret, confesó este martes que escucha las conversaciones telefónicas y los mensajes de voz enviados a través de WhatsApp de los manifestantes que participan en el Movimiento Verde contra el fin de la corrupción y la impunidad.
“Nosotros somos la seguridad interior, sabemos lo que se habla, lo que hablan por los teléfonos”, afirmó entrevistado por el veterano periodista Huchi Lora, en el programa televisivo “El Día”.
El también exdirector de la Dirreción General deMigración aseguró que las conversaciones vía la red de WhatsApp eran de dominio público.
“En los WhastApp están los mensajes de voz de todos, están todas las conversaciones… eso es público”, admitió.
Las declaraciones del dirigente del partido oficialista surgen luego de acusar de “desestabilizadores” a quienes participan en la Marcha Verde, quienes han marchado en todo la geografía nacional en demanda de que los involucrados en actos de corrupción sean sometidos a la justicia, especialmente en el caso de Odebrecht.
“Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que, en ejercicio de loca aventura colectiva, han previsto llegar a abortar el proceso democrático”, advirtió el pasado lunes Amarante Baret, tras la demostración de fuerza y arrastre del Colectivo Verde en la provincia de San Francisco de Macorís.
El dirigente peledeísta aclaró que el Movimiento Verde “no fue concebido” para desestabilizar, sin embargo dentro del mismo hay sectores, lo que calificó de radicalizados, que tienen objetivos políticos.
Sobre esto, detalló que se realizan reuniones y “hablan cosas” en contra del Gobierno.
Pataleo
Pese a sus confesiones previas, horas más tarde el ministro rectificó que “jamás irrespetaría la privacidad de las personas”, aunque el espionaje difiere en todo sentido de eso.
“Hacen sus reuniones y hablan cosas que no tienen que ver con el interés de que haya transparencia en la República Dominicana”, adujo.
“Nosotros lo que percibimos es que hay un agenda política oculta, tenemos informaciones”, reveló.
Señaló que esa agenda “oculta” está relacionada con los resultados electorales del año pasado, en el que el PLD resultó ganador, y según Amarante Baret, fueron declarados “ilegítimos” por la oposición.
Preveé anarquía detrás de manifestaciones
El exministro de Educación aseguró que a pesar de no existir posibilidad de “abortar” el Gobierno de Danilo Medina las movilizaciones incitan a la rebeldía.
En ese sentido, criticó el manifiesto emitido por el Movimiento Verde tras la culminación de la actividad el pasado domingo. El cual indicó que contiene una “amenaza velada” contra el Gobierno y los funcionarios.
“Aquí no hay condiciones para abortar el proceso democrático, pero sí hay condiciones para crear un estado de anarquía que prolongue una situación de crisis, de conflictividad, y de crispación social que llegue hasta el 2020 con fines electorales”, acotó el funcionario.
Lo que dice la Ley
La reconocida abogada, Laura Acosta, refirió que la intervención telefónica es penalizada por la Ley y en caso de hacerse le compete a la Procuradoría General de la República solicitar una orden judicial.
La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en su artículo 9 establece que “El hecho de interceptar, intervenir, injerir, detener, espiar, escuchar, desviar, grabar u observar, en cualquier forma, un dato, una señal o una transmisión de datos o señales, perteneciente a otra persona por propia cuenta o por encargo de otro, sin autorización previa de un juez competente, desde, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o de las emisiones originadas por éstos, materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas físicas o morales, se sancionará con la pena de uno a tres años de prisión y multa de veinte a cien veces el salario mínimo, sin perjuicio de las sanciones administrativas”.