El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de funesta la decisión que varió la medida de coerción a los implicados en los sobornos pagados por Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, adoptada por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este caso.
Este viernes, el juez Ortega Polanco varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le había impuesto a Rondón Rijo, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por una garantía económica de RD$70 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva que le había impuesto a Díaz Rúa, de igual manera en el CCR de Najayo, por una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.
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Rodríguez expresó en una nota de prensa que aunque respeta esa disposición, la misma es como “la crónica de una muerte anunciada, debido a la insistencia para que la audiencia a tales fines fuera celebrada en forma solapada, primero el pasado miércoles, a pesar de que el Poder Judicial había suspendido las labores ese día y cuando la ciudadanía estaba atenta a que el país sería afectado por un huracán”
En ese mismo orden, afirmó que, “sospechosamente, esta audiencia de revisión de medidas de coerción, luego fue pautada para efectuarse este viernes, en medio de que el país está centrado en auxiliar a quienes resultaron afectados por dicho fenómeno atmosférico”.
Rodríguez apuntó además que esta resolución pone de manifiesto la “inequidad” con que algunos jueces aplican las leyes, y puso como ejemplo que las cárceles dominicanas están llenas de internos, acusados de cometer delitos mucho menos graves que los que se le señalan a los implicados en este caso de Odebrecht, pero que, sin embargo, a aquellos se les niega el otorgamiento de una fianza, para que también puedan conocer su proceso judicial en libertad.
El procurador general indicó que el expediente depositado hasta el momento por el Ministerio Público, además de las confesiones premiadas de los exejecutivos de la constructora brasileña, contiene evidencias similares a las que en otros países, han servido para mantener en prisión a quienes también están involucrados en este caso de corrupción transnacional.