La diputada Faride Raful aseguró que el Estado dominicano pagó después que estaban presos en Brasil a Joao Santana y Monica Moura.
“Hace unos meses solicitamos a todos los ministerios del Estado dominicano que nos remitieran constancia de que se habían firmado o no, algún tipo de contrato con las dos compañías principales de Joao y Monica en el país, nos responden positivamente, el DICOM y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero no nos dan los contratos y sólo responden dando los números de libramiento, con esos números vamos a la Contraloría, no tienen los contratos y que hay unos números de libramiento del 2013 de la Presidencia que no nos pueden otorgar”, explicó.
Raful rectificó que la información se dio a medias debido a que el presidente Danilo Medina fue asesorado por Joao Santana desde el año 2011, asciende al poder en el 2012, parte de los contratos inician desde el 16 de agosto del 2012.
“El juramentándose “Danilo Medina y automáticamente Joao Santana tenía un contrato en la República Dominicana y luego en el 2013 continúan estas asesorías que se extienden hasta el 2017”, dijo.
La diputada entiende que no se debe deslindar la figura del candidato y el presidente, ya que, cuando se busca la documentación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), depositada ante la Junta Central Electoral (JCE), referente a los gastos de campaña no sale el pago de ninguna de estas dos compañías.
Por lo que ella se pregunta ¿Quién le paga a Joao Santana y Monica Moura? ¿Solamente el Estado dominicano y por qué? ¿Por que le renuevan contratos anuales y asesoría estratégica de 1 millón 200 mil dólares fijos a Polis Caribe y quien la representaba Monica Moura?.
Sostuvo que cuando Raful entró a la página del Ministerio Administrativo de la Presidencia para ver la rendición de cuentas anuales, no se encontró ninguno de los contratos antes mencionados.
Por lo que la legisladora solicitó una comisión que investigue de manera institucional de donde provienen los fondos y pagos de los publicistas Joao y Monica, además de la legalidad de los contratos, entre otros aspectos.
Agregó que con esta comisión se verificaría la legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y DICOM.
También si hay o no sobrevaluaciones en los presupuestos presentados al Estado dominicano, fiscalizar los 1, 400 millones de pesos del Gobierno, determinar si estos contratos mencionados fueron de tapar transacciones para legalizar el financiamiento de la campaña, comprobar que se continuaron con estos contratos y ver porque el Ministerio de la Presidencia omitió las declaraciones.
