El jurista Cándido Simón Polanco advierte que si al momento de que el Tribunal Superior Administrativo conoció la acción de amparo interpuesta por el coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, hubo omisión deliberada de ocultar que se estaba cobrando su pensión, los responsables acarrearían con el delito de prevaricación y coalición de funcionarios.
Pepe Goico accionó por ante el TSA alegando que no había recibido los beneficios de la pensión, tras su puesta en retiro mediante Decreto 1069-04, del 30 de agosto del 2004. A tal efecto, fue favorecido por el TSA con la sentencia 0030-042021-SSEN-00540, del 18/08/2021, que ordena al ministerio de Defensa el reintegro a sus filas y pago de pensiones.
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Para la época, el Ministerio de Defensa no interpuso ningún recurso en contra de la sentencia hasta lograr que llegara a la situación de ser ejecutoria. La parte que representaba a Pepe Goico en el juicio, afirmó que nunca ha cobrado un solo centavo.
Sin embargo, La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las FFAA si erogó un cheque por valor de cuatro millones 305 mil 205 pesos a favor del coronel retirado Goico Guerrero, el ocho de mayo del año 2018, por concepto de pagos atrasados de su pensión al ser puesto en retiro en el 2004.
De acuerdo al jurista Polanco, si se comprueba que hubo una actuaron por omisión o convivencia y de conocimiento de que estaba recibiendo su pensión, entonces habría una coalición de funcionarios.
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“Procesar a quien hizo eso por omisión de que, a pesar de que estaba pensionado y le estaban pagando, y se prueba que intencionalmente lo negó, entonces es defraudación del Estado y un tipo de corrupción que se llama: coalición de funcionario y prevaricación”, sostuvo.
Indicó que pudo haber sido deliberado un eventual ocultamiento de información, en el entendido de que Pepe Goico es abogado y conocedor de la ley, además de tener buenas conexiones en las FFAA.
El jurista también argumentó que el Departamento Jurídico de las FFAA debió incorporarse en la defensa y accionar contra Pepe Goico por ante el TSA, debido a que era la institución la que estaba siendo demandada por el entonces miembro, que fue separado desde el 2004.
Polanco indicó que la ley prohíbe la reintegración de un militar a los organismos castrenses, al menos que se haya violado la Ley y que al parecer, el TSA establece en su sentencia que se violentó el debido proceso.
OPCIONES ANTE EVENTUAL REINTEGRO PEPE GOICO
Polanco recomienda ante la sentencia del TSA que ordena el reintegro del oficial retirado, que el presidente Luis Abinader acoja el dictamen, lo reintegre e inmediatamente lo retire con disfrute de la pensión actual.
Dijo que de esta manera se da cumplimiento al debido proceso y la nueva ley que rige las FFAA lo faculta para retirarlo por razones de edad, antigüedad en el servicio o porque existe un tope en el número de generales.
Planteó que otra opción es buscar la nulidad de la sentencia 0030-042021-SSEN-00540, por la vía principal, que fue el TSA que le favoreció.
“El Estado, por la vía correspondiente, pedir la nulidad de la sentencia ante la misma jurisdicción que la emitió, tras cometerse un error material debido a omisión de información”, estima.