“Resultando Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer muertos por múltiples disparos de armas de fuego (…) como consecuencia de la asociación de los agentes policiales que están para proteger a los ciudadanos, pero que se asociaron para matar”, expone el Ministerio Público en sus investigaciones del caso que a finales de marzo pasado consternó a la sociedad dominicana.
Una pareja de jóvenes que salían de predicar en una actividad evangélica fueron acribillados por agentes del cuerpo del orden la noche del 30 de marzo de 2021, en Villa Altagracia.
A casi un año de este hecho, El periódico dominicano Listín Diario tuvo acceso a la acusación contra los policías involucrados y todo apunta a que el intercambio de disparos con el que se defendían los policías fue una farsa para ocultar su accionar.
La fiscalía de Villa Altagracia afirma que los policías se asociaron para matar, teniendo al coronel César Maríñez como coordinador, organizador y director de la operación criminal con la que violaron los estatutos y procedimientos del cuerpo del orden.
“Se asociaron para ocasionarle la muerte a los ocupantes del carro en que se desplazaban unos supuestos delincuentes, con claro y evidente propósito de matar”, incumpliendo con los protocolos establecidos por la institución y, además de errar en el accionar, fallaron en su objetivo (error in persona).
Sin ejecutar ninguna acción para detener el vehículo en que se desplazaban las víctimas, sin mediar palabra, sin confirmar si quienes se trasladaban en el Kia blanco eran los delincuentes que según ellos habían cometido un crimen en Bonao y se escapaban a Santo Domingo, sin agotar todos los métodos menos nocivos como indica el reglamento que los instruye, violaron los protocolos de la institución acatando órdenes de su superior: el coronel César Maríñez Lora.
Edward Sánchez González, quien se desempeñaba entonces como director de la Policía Nacional, lo confirmó en una entrevista concedida a la periodista Alicia Ortega, en su programa de investigación “El Informe”, y su declaración pública está incluida como prueba testimonial del Ministerio Público. “Todos los protocolos de actuación se violaron, no hay excusas es un hecho que nunca debió ocurrir, nunca estuvo en peligro la vida de los miembros”, dijo entonces el exdirector de la Policía, quien por el cargo que ostentaba tuvo acceso a información de primera mano.
El reglamento sobre el uso de la fuerza en la Policía Nacional dice claramente que se puede ejercer la fuerza letal (aquella que puede causar una lesión corporal o la muerte, como el uso de las armas de fuego) cuando las personas involucradas son un peligro inmediato para los agentes actuantes o para terceras personas.
Muerte deliberada
Pese a que en un principio lo negó, al acceder a las grabaciones de radio de la Policía Nacional y el video de seguridad de un hotel, los fiscales descubrieron que Maríñez participó del crimen perpetrado por los agentes.
Además, fue a través de ese canal de comunicación que el coronel a cargo informó desde el retén improvisado en el kilómetro 45 de la Autopista Duarte que ya tenía el vehículo que estaban esperando y “que se le están acercando con cautela porque están armados”.
Según Maríñez, quienes conducían ese vehículo, en el que además iban Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez, quien milagrosamente resultó ileso de los 33 impactos que recibió el carro, iban fuertemente armados.
“Inmediatamente los agentes policiales bajo su mando sorprendieron a las víctimas con ráfagas de disparos de varios calibres, desde diferentes direcciones, sin identificar si se trataba de los supuestos sospechosos”, destaca el expediente acusatorio.
Pero eso no es todo, sino que el uso de las armas fue “extremadamente excesivo y desproporcional”, incluyendo el uso de pistolas de alto calibre como un fusil M-16 y una pistola tipo metralleta (mini Uzi), ante la indefensión de los cuatros jóvenes que iban en el vehículo.
Un informe pericial indica que en las manos de las víctimas mortales no se detectó presencia de pólvora.
Colaboraciones
Las investigaciones de los fiscales establecen que el coronel destruyó parte de la escena del crimen para decir que el asesinato había sido el resultado de un intercambio de disparos y de una confusión de los agentes actuantes.
El documento explica que el mayor Heriberto Santos Muñoz, subcomandante policial de Villa Altagracia, recibió la orden de dispararle a la camioneta de la Policía Nacional para justificar el intercambio de disparos que alegaban.
Asimismo, el texto señala más adelante que la cabo Paula Evangelista Reynoso recibió de manos de varios acusados 4 armas de fuego, el 31 de marzo. Como experta en investigación, recomendó al cabo Norquis Rodríguez retirar las armas que habían sido colocadas en la escena del crimen y todo lo relacionado a la investigación.
Ninguno de los mencionados aparecen entre los señalados, a excepción de Norquis Rodríguez, quien sí está incluido entre los acusados por su supuesta participación activa como facilitador de los medios para la ocurrencia de los hechos y para dañar la escena y ocultar evidencias.
Armamento usado en crimen
Emil Alexander Rincón Marte entregó dos fusiles de forma voluntaria a la cabo Evangelista Reynoso, ninguno de ellos asignado para sus labores, pero utilizados ambos por personas diferentes en el tiroteo. Mientras que un fusil Taurus fue usado por Anthony Castro Pérez, un M-16 fue utilizado por Domingo Perdomo Reyes, según la acusación del Ministerio Público. Este último estaba asignado al coronel Maríñez, pero fue utilizado por Perdomo Reyes para disparar 9 veces a las víctimas. Maríñez Lora está acusado de entorpecer la investigación.