En el expediente del caso Coral el Ministerio Público menciona más de una decena de personas que, supuestamente, tuvieron participación en el entramado corrupto liderado por el mayor general Adán Cáceres y que podrían ser el blanco de la segunda etapa de procesados ante los tribunales.
Entre los mencionados en la acusación figuran generales activos y retirados de la Policía Nacional y de los órganos castrenses, que pese a que no se han presentado cargos en su contra, están bajo investigación del Ministerio Público, según declaraciones emitidas por las autoridades del órgano acusador del Estado.
En la primera etapa fueron sometidos el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre; la asimilada policial Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Félix Alburquerque Comprés:
Vicealmirante retirado y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Según el expediente, este formaba parte de la coalición de funcionarios para sustraer fondos públicos a través de los cuerpos especializados de seguridad.
La vinculación de Alburquerque Comprés con este entramado tiene que ver con la mención de un recibo de depósito en el Banco de Reservas, por el cual la Asociación Campesina recibió el pago por valor de RD$525,000 de la (DNCD), a pesar de que la fundación no estaba registrada como proveedora del Estado.
Además, la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pago alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
La Fundación Madre Tierra es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (…) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, indica el documento del Ministerio Público.
Juan Carlos Torres Robiou:
General de brigada y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80% del salario.
El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná, al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esa situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada, piloto de la FARD Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cestur y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, señala el expediente.
Lee la lista completa de posibles militares que serán incluidos en el expediente del Caso Coral. Vía Diario Libre