La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, consideró este lunes como una debilidad institucional el hecho de que el máximo representante del Ministerio Público sea designado por el presidente de la República y que este tenga la facultad para removerlo a discreción, cuando considere necesario.
La procuradora general entiende que debe establecerse la protección institucional pertinente a fin de garantizar la permanencia en el cargo de un funcionario que lidera una institución tan delicada como es la Procuraduría General de la República, la cual se encarga de investigar y someter a los que violan la ley.
Durante su discurso de rendición de cuentas 2021, Germán Brito sostuvo que esto es una inconsistencia lógica y formal, que no pasa en otras instituciones como el Defensor del Pueblo, el Banco Central y la Cámara de Cuentas.
“La permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombre y puede removerle a discreción, sino que es necesario institucionalizarlo”, precisó la procuradora general.
No obstante, resaltó que la autonomía que la Constitución atribuye al Ministerio Público es complementada por una Ley Orgánica que no deja espacio para interferencia del Poder Ejecutivo en la dirección de la acción penal y el ejercicio de la acción pública.
Aseguró que al margen de si se realiza o no una reforma constitucional (para evitar que el presidente sea que designe al procurador general), mientras ella esté al frente del Ministerio Público, seguirá impulsando la transformación institucional.
Germán Brito advirtió que su gestión actúa y actuará en el marco de la cooperación horizontal con otros poderes y órganos del Estado, pero “sin subordinación o control administrativo de ningún órgano infraconstitucional, para no comprometer la autonomía que le otorga la Constitución.
Reformas del Inacif
La magistrada Germán Brito dijo que antes de que concluya su gestión como procuradora general de la República, aspira a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y que brinde servicio general al sistema de justicia.
La procuradora expresó que este es un reto que tiene más de una década de retraso y que están impulsando las acciones correspondientes para lograr que se cumpla con la normativa legal vigente.
Ministerio de Justicia
La procuradora manifestó que es partidaria de que se cree un Ministerio de Justicia para fiscalizar la provisión de los servicios forenses y para controlar jerárquicamente la gestión del sistema penitenciario.
Aseguró que la creación de este Ministerio de Justicia “no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos… no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público”.
Recordó que dentro de las principales exigencias de la sociedad dominicana está el que se persiga con mayor énfasis la corrupción administrativa. En ese sentido, aseveró que nunca antes se había evidenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos del Estado y en que, de ser así, “los autores sean traducidos a la acción de la justicia sin privilegios” y, al mismo tiempo, “sin arbitrariedades o atropellos”.
Destacó que, en este contexto histórico, la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia.
Discusión pendiente en el CES
En febrero pasado, el presidente Luis Abinader aseguró que el partido oficial prefirió dejar que el tema sobre la elección del procurador General de la República sea discutido en el seno del Consejo Económico y Social (CES), razón por lo cual esa organización política no hizo una propuesta concreta en el proyecto de ley de modificación de la Constitución. Los sectores que participan de las reuniones de CES todavía no han consensuado la forma de elección del procurador general, ya que muchos partidos se retiraron de las discusiones.